
El gobierno federal intensificó el conflicto que mantiene en contra del Poder Judicial y exhibió a jueces y magistrados que supuestamente han favorecido a presuntos delincuentes, entre quienes destacan algunos juristas que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la sección “Cero Impunidad” en la conferencia matutina de este martes, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó que son cinco los jueces que cuentan con denuncias o quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal por sus “resoluciones adversas a los intereses de la justicia”.
Rodríguez Bucio exhibió quiénes son los cinco jueces que cuentan con quejas o denuncias. El primero de ellos es Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de control con sede en el estado de Querétaro.

En su caso, se le señaló por 29 casos en los que determinó no vincular a proceso penal; 11 más en los que ordenó cambios de medidas cautelares para revocar la prisión preventiva oficiosa; y 6 más en los que calificó como ilegales las detenciones. Con ello se llega a un total de 52 resoluciones contrarias a la solicitud del Ministerio Público.
También se mencionó al juez José Luis Hernández Hernández, quien cuenta con una denuncia penal y dos quejas ante el CJF. Relacionado con el caso del colapso en la mina “El Pinabete” de Coahuila, se le señaló por decretar la no vinculación a proceso de dos imputados.
Otro más fue el juez José Jesús Rodríguez Hernández, contra quien se han presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y cuenta con 80 resoluciones contrarias a las solicitudes del Ministerio Público.

Otro caso es el del juez de control del Estado de México, Daniel Ramírez Peña, quien cuenta con una queja ante el CJF por la sentencia absolutoria del exmagistrado Isidro Avelar, que a su vez es señalado por recibir depósitos por más de 12 millones de pesos. En su caso se señaló que siete de sus resoluciones han sido contrarias a la solicitud del Ministerio Público.
Finalmente, se encuentra el juez de control en Michoacán, Óscar Antonio Madero González, quien cuenta con una denuncia penal por resoluciones contrarias a los intereses de la justicia. En su caso, son 15 las resoluciones que el gobierno federal señaló como contrarias a la solicitud de la autoridad investigadora.
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