¿Quiénes son los ministros que invalidaron el Plan B de López Obrador?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a los reflectores de la opinión pública tras la sesión en la que integrantes de su Primera y Segunda Sala definieron el rumbo del controversial Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Máximo Tribunal de México discutió la acción de inconstitucionalidad que promovieron las bancadas opositoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadana (MC) — y la cual fue aceptada por el magistrado Alberto Pérez Dayán.

De ese modo — y bajo los fuertes rumores de que una de las ministras se “echaría para atrás” y apoyaría la validez del proyecto presidencial — este lunes 8 de mayo la Suprema Corte rechazó el proyecto que marcó el fin de la primera parte de la reforma en materia electoral.

¿Quiénes invalidaron el Plan B de AMLO?

El Plan B de López Obrador — la cual fue aprobada en dos partes por el Congreso de la Unión — quedó invalidado luego que nueve de los 11 ministros de la SCJN votaron a favor de anular la primera de ellas que abordaba la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicas.

Entre las y los votantes destacó con particularidad el sufragio del ex Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, quien apoyó la invalidación del Plan B de López Obrador al reconocer que sí hubo premura del Poder Legislativo que generó una especie de efecto corruptor.

El magistrado ha sido fuertemente criticado por la supuesta cercanía con el Presidente de la República — incluso durante su mandato al frente de la Corte —, la cual, según las opiniones, volvió a reflejar con su respaldo al traspaso de la Guardia Nacional (GN) al Ejército Mexicano, argumentando que éste no significa la militarización del país.

A favor del proyecto de Pérez Dayán también se posicionó la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien ha sido blanco constante de las arremetidas de López Obrador por, según él, estar relacionada con la supuesta corrupción que imperaría dentro del Poder Judicial.

A raíz de estos ataques, cabe recordar, es que la primera mujer en presidir el Máximo Tribunal ha recibido respaldo de políticos, la ciudadanía y organizaciones nacionales e internacionales, tal y como lo hizo el Colegio de Abogados de Nueva York (City Bar) el cual acusó al tabasqueño de “intimidar a las y los jueces”.

El voto de Piña Hernández se aunó al del presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, quien días antes de su publicación filtró, como exclusiva a un medio de comunicación, el proyecto de sentencia que recién se discutió en el Pleno. Hecho que la Presidencia de México condenó al considerarlo como una flagrante violación a la ley.

Otras y otros ministros que apoyaron la invalidación del Plan B fueron Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Estos dos últimos propuestos por el propio Presidente de la República en un intento (fallido) por reformar al Poder Judicial.

Incluso, cabe recordar que González Alcántara Carrancá fue quien promovió la estocada a la política de seguridad de López Obrador luego de aceptar y promover el proyecto que invalidó la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): “Actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político”, lamentó el presidente el día después de la resolución.

En esa misma sesión, Ríos Farjat refrendó su confianza a las Fuerzas Armadas de México. No obstante, su postura fue a favor de invalidar el pase de la GN al Ejército al destacar lo que estipula la Carta Magna en dicho sentido: que la Guardia Nacional esté bajo un mando civil.

Aunque Andrés Manuel no ha ventilado las identidades de las o los magistrados que “se arrepintió de proponer” al Poder Judicial, el mandatario no ha dudado en considerarlos como parte de quienes están al servicio del “poder económico o político”: “Ya no están pensando en el proyecto de transformación”, aseveró el pasado 2 de septiembre del 2022.

¿Y las ministras “cercanas” a López Obrador?

La sesión del 8 de mayo volvió a dejar al descubierto la dupla de ministras que han sido señaladas por mantener un estrecho vínculo con el Jefe del Ejecutivo Mexicano, el cual atenta contra la autonomía del Tercer Poder de la Unión.

Estas han sido las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes también fueron propuestas por López Obrador para su eventual designación en la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Es pertinente recordar que el pasado 11 de abril Ortiz Ahlf presentó una propuesta para revocar la suspensión de la primera parte del Plan B de López Obrador, y por la cual no pudo ser aplicada en los comicios del Estado de México (Edomex) y Coahuila. Sin embargo, la iniciativa fue desechada por la Sala Segunda.

Poco después, la magistrada fue seriamente criticada tras negar al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) la posibilidad de sesionar con sólo cuatro comisionados ante la falta de nombramientos a cargo del Senado de la República. En consecuencia, el Instituto continúa invalidado para tomar decisiones en materia de transparencia y acceso a la información.

Por su parte, Esquivel Mossa trascendió luego de la polémica por el plagio en su tesis de licenciatura que estalló poco antes de la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte — para la cual se había postulado, pero quedó eliminada en la segunda ronda de votación.

Integrantes de la oposición y personalidades críticas de la administración aseguraron que la abogada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón era la ficha con la cual López Obrador quería “consolidar su control” sobre la SJCN. De ahí la alegoría de la opinión pública por el triunfo de Piña Hernández.