Abuso sexual, tratos crueles, tortura psicológica y detenciones ilegales fueron algunas de las irregularidades que se cometieron durante una manifestación en San Salvador Atenco, Estado de México, realizada en un día como hoy pero de hace 17 años, la cual dejó al desnudo la intensa represión policíaca con la que actuaron las autoridades.
Fue durante el 3 y 4 de mayo de 2006 cuando un grupo de pobladores bloquearon la carretera Lechería-Texcoco en ambos sentidos, como forma de protesta en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto que había anunciado el expresidente Vicente Fox a inicios de su sexenio en 2001.
Debido a que las obras iban a atravesar terrenos agrícolas ubicados en Texcoco, ejidatarios de San Salvador Atenco, Tocuila, San Felipe y Nexquipayac se organizaron con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para manifestarse y bloquear las principales vialidades de dichos municipios, toda vez que se oponían al proyecto federal.
Ante ello, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, autorizó un despliegue operativo en Texcoco y Atenco en el que participaron cerca de 700 elementos de la Policía Federal Preventiva, así como más de mil 800 agentes municipales y federales. Esto con la finalidad de dispersar a los manifestantes y liberar las vialidades bloqueadas. Sin embargo, durante estas acciones se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos.
Represión en Atenco
El 3 de mayo las autoridades mexiquenses detuvieron a 101 personas y en la madrugada del día siguiente otros 106 manifestantes fueron asegurados en el centro de San Salvador Atenco. Entre ellos se encontraban alrededor de 47 mujeres, quienes fueron sometidas a una tortura física, psicológica y sexual por parte de las autoridades mexiquenses. Estas represiones se cometieron al interior de los autobuses asignados para su respectivo traslado a los centros de reclusión.
Al menos 26 mujeres denunciaron este tipo de agresiones cuando ingresaron al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez. Pese a ello, no recibieron la adecuada atención médica, aún cuando dieron a conocer los tratos crueles e inhumanos que habían recibido.
Durante estos hechos también perdieron la vida dos jóvenes, identificados como Ollin Alexis Benhumea (un estudiante universitario de 20 años que falleció ante el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno) y Francisco Javier Cortés Santiago (un menor de 14 años que murió por un disparo de bala de calibre .38 mm).
Ante esta situación, al menos 11 víctimas acudieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano realizar una exhaustiva investigación para esclarecer lo sucedido, deslindar responsabilidades y sancionar a las autoridades que participaron en la represión.
Entre las mujeres que denunciaron casos de violaciones se encontraba Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, María Patricia Romero, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales, Ana María Velasco, Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, María Cristina Sánchez, Angélica Patricia Torres y Claudia Hernández Martínez.
No fue sino hasta después de 10 años que la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de avance en las investigaciones. En 2018 se emitió una sentencia en la que se responsabilizó al Estado mexicano de detenciones arbitrarias, abuso sexual y violación, retención ilegal, allanamiento de morada, incomunicación, trato cruel a inhumano, así como atentados contra la vida de los manifestantes.
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, se argumentó.
Aunque el aeropuerto que estaba planeado no fue construido, algunas de las víctimas aseguran que a más de 15 años de lo ocurrido aún no han recibido la justicia que buscan. Por ello, la Fiscalía del Estado de México deberá remitir la investigación del caso a la Fiscalía General de la República (FGR).
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