
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el gobierno federal había adquirido 13 centrales de generación eléctrica pertenecientes a la empresa española Iberdrola y fue anunciado como un movimiento que acercará a México a la nacionalización de la energía.
Con esta, el presidente aseguró que no se aumentará el precio de la energía eléctrica, al menos en lo que resta de su sexenio, así como se fortalecía a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que se buscó en el sexenio a través de una nueva Reforma Eléctrica.
Sin embargo, la transacción no fue tomada como tal y ha causado una severa ola de críticas en contra de AMLO, pues la empresa fue denostada por el jefe del ejecutivo en el pasado por desacuerdos con ella. Además miembros de la política y especialistas han contrariado la versión del presidente al asegurar que no se estaba llevando a cabo ninguna nacionalización.
Por lo anterior, el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitió un comunicado en el que apoyaron la decisión del jefe del ejecutivo bajo el argumento de que ayuda a la nación en el fortalecimiento de la soberanía energética.

La agrupación política compartió un comunicado en el que los miembros del Consejo Nacional, presidencia y presidencias de los consejos estatales, aseguraron que la adquisición consolidaba a la Comisión Federal de Electricidad como empresa “rectora del sistema eléctrico nacional” que al final terminaría beneficiando a los mexicanos.
Los consejeros aseguraron que también habrá tarifas accesibles de energía eléctrica para los hogares, las empresas y prestadoras de servicios públicos y privados que operan en el país. Por lo que aseveraron que la transacción equivalía a una segunda nacionalización de la industria eléctrica.
“No es ya más el beneficio a unos cuantos lo que guía las decisiones del gobierno federal, sino el interés público, de las mayorías que constituyen a la nación”, finalizaron.
Por otro lado el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) sostuvo que dicha compra no nacionaliza la industria eléctrica ya que los recursos de la adquisición provienen de un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas.

Sin embargo, aunque parte del dinero fue aportado por el sector público, “legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada” así como la gestión del fideicomiso. Por lo que puntualizó que la CFE no estaría incrementando su participación de mercado en la generación de electricidad.
“A pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada (…) La CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”
Cabe señalar que la venta fue realizada porque la empresa española busca reducir poco a poco su huella en emisiones de gases de efecto invernadero.
La adquisición consta de 12 plantas de ciclo combinado (combustión de gas natural y vapor) y una eólica (turbinas impulsadas por viento), cuya aportación será de 8 mil 436 MW y una eólica de 103 MW.
No obstante, también se han desatado dudas respecto a quién se encargará de la gestión de las nuevas plantas, pues el gobierno informó que serían operadas por la CFE y adquiridas por el Fonadin, mientras que Iberdrola indicó que Mexico Infrastructure Partners (MIP) es la empresa que gestiona el fideicomiso que llevó la adquisición.
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