Violencia e ingobernalidad: el diagnóstico de Tierra Caliente a una década del surgimiento de las autodefensas

A 10 años de que cientos de habitante armados se reunieran en el corazón de Tierra Caliente, en Michoacán, y salieran a la luz las autonombradas “autodefensas” para combatir al cártel de los Caballeros Templarios, en la región sigue persistiendo un clima de violencia e ingobernabilidad.

De acuerdo con el informe Diez años de vigilantes: Las autodefensas mexicanas de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Michoacán sigue siendo en la actualidad una zona crucial para la importación y el tráfico de cocaína, así como la producción de metanfetamina.

Sin embargo, lo tentáculos del crimen organizado también se extienden a la extorsión a empresas locales así como a agroindustrias.

Entras estas segundas empresas de exportaciiones multibillonarias se encuentras industrias importantes en la región como el limón, los frutos rojos y el aguacate.

También, durante esta década la región se ha mantenido entre las cinco más violentas de México, con una tasa de homicidios de 51 por cada 100 mil habitantes en 2022, además de ocupar el primer lugar en desplazamiento forzado interno en 2021, con 13 mil 515 personas desplazadas.

El informe también mostró como las relaciones entre autoridades, actores criminales y grupos civiles armados producen una constante inestabilidad que supone grandes retos a las estrategias de seguridad pública, prevención y reducción de la violencia a nivel local.

También se analizó cómo los diferentes gobiernos en turno, al mantener diálogos y apoyos, ya sean formales e informales, con los líderes locales y sin consolidar instituciones y capacidades sólidas para la reducción de la violencia, han indirectamente contribuido a convertir a intermediarios violentos en operadores cruciales para la gobernanza local.

Esto ha contribuido, según el reporte, a fomentar una forma de externalización de la seguridad pública, pues ésta recae en manos de líderes que compiten por intereses y recursos locales tanto lícitos como ilícitos, a la vez que pelean por mantener su posición como aliados e interlocutores del gobierno, alimentando los ciclos de violencia e inestabilidad.

Los niveles de conflictividad observados en Michoacán en los últimos 10 años han demostrado que las autoridades no han encontrado estrategias para reducir la violencia sistémica, y tampoco han podido evitar la fragmentación territorial de la región, actualmente dividida en decenas de territorios sobre los que jefes locales ejercen un considerable control social, político y económico.

Global Initiative señaló que cuando las autoridades no logran ofrecer respuestas transparentes y eficientes en materia de seguridad y justicia, contribuyen a delegar tareas gubernamentales a jefes locales.

Sin embargo, aunque dichas acciones puedan resultar eficientes a largo plazo, por ejemplo en el decenso repentino de homicidios en determinadas regiones, la consolidación del poder de estos líderes informales desligitima al Estado como único garante del orden y la seguridad, y exime a las autoridades de sus obligaciones frente a la ciudadanía.

Y es que, de acuerdo con la organización experta en narcotráfico y crimen organizado trasnacional, las consecuencias son dramáticas para la vida social y democrática a nivel local y regional, puesto que dentro de los territorios dominados por actores violentos, resulta cada vez más difícil que las autoridades propongan alternativas a líderes armados.