SCJN admitió impugnación contra inaplicación del Plan B en Edomex y Coahuila

La pugna en torno al Plan B electoral se mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahora que se admitió una impugnación en contra de la inaplicación del primer paquete de reformas en las elecciones que se realizarán este año en el Estado de México y Coahuila.

Estos actos de reclamación se promovieron por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como por el presidente del Senado, Alejandro Armenta y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, en contra de la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán a efecto de que dos reformas impugnadas no sean aplicables en los procesos electorales en curso.

El asunto fue turnado a la Segunda Sala de la Suprema Corte, la cual está conformada por las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf, así como por los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales.

Se trata de las reformas a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con estas leyes se ordenó una limitación en el gasto dedicado a propaganda gubernamental en gobiernos locales, hecho que llevó a municipios a presentar impugnaciones contra esta reforma.

Además se plantea la posibilidad de que funcionarios públicos puedan presentar sus informes de rendición de cuentas, siempre y cuando no destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de servidores públicos.

El ministro de la Suprema Corte dijo que estas reformas no se aplicarán dado que se publicaron durante la veda electoral, argumentando también que si se aplican ello podría causar “afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados” en el proceso electoral.

Si bien ha admitido otros recursos promovidos por municipios, principalmente, no otorgó suspensiones para la inaplicación de las reformas, bajo el argumento de que no se llevarán a cabo elecciones.

Bajo ese argumento, el segundo paquete de reformas que conforman el Plan B electoral que fueron publicadas el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tampoco pueden ser aplicadas en las elecciones de este año.

Este segundo decreto publicado contiene reformas a tres leyes y la expedición de una más. Son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partido Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y se promulga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

A partir de que entraron en vigor, estas reformas pueden ser impugnadas en los 30 días posteriores. Mientras que sus efectos ya se han sentido en el Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente ante la destitución del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien, por cierto, ya solicitó un amparo para ser restituido.

Paralelamente, casi 150 trabajadores del INE se ampararon contra el Plan B con el apoyo de la firma Trusan & Roma Abogados, cuya defensa, se dijo, tiene como objetivo “evitar la pérdida de su fuente de empleo y de las diversas prestaciones que tiene la institución”.

El INE promovió ya una controversia constitucional contra las primeras dos leyes del Plan B, misma que fue admitida a trámite por la Corte; pero el fin de semana, Lorenzo Cordova, consejero presidente de este órgano electoral anunció que los litigios contra estas reformas seguirán.

En un video publicado en sus redes sociales, Córdova Vianello dijo que se prepara un juicio electoral por la destitución de Edmundo Jacobo Molina y una controversia constitucional, que se prevé sea presentada en los siguientes días.

En su video, el consejero presidente del INE advirtió que el Plan B electoral no pasará la prueba ante tribunales, y mostró su confianza en la Suprema Corte.