Juicio por los cuadernos: un arrepentido señaló las “20 valijas” en el departamento de los Kirchner

Tras la lectura de la acusación de la UIF, y con un recurso de reposición presentado por la defensa de Roberto Baratta, las defensas pelearon por la limitación de tiempo de los planteos de las cuestiones preliminares, ceñidos a 45 minutos por el Tribunal. Todo, en el último día hábil judicial del año. La fiscal León y la querella de la UIF rechazaron que se extiendan los plazos de exposición, para no descarrilar la agenda del juicio. En el medio, se esperan nuevas pruebas de la acusación, cuya producción está pendiente.

“Intentemos resguardar la garantía del derecho de defensa”, aseguró el abogado Maximiliano Rusconi, que apuntó al Ministerio Público Fiscal “por ocultar las irregularidades en el proceso” y pidió “no sumar un nuevo escándalo en esta instancia”.

Así, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, convocó a otro cuarto intermedio de 40 minutos para dirimir la cuestión. La audiencia se retomará poco después de las 14 horas, sin la presencia de los imputados en la sala digital.

El Tribunal, tras deliberar más de dos horas, decidió extender el plazo de las exposiciones a 90 minutos. También, sumará horas de audiencia y nuevas fechas para satisfacer esta necesidad, en una agenda a definirse. Por otra parte, descartó la existencia de un “perjuicio concreto”. La ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Roberto Baratta, anunció que apelará la decisión en la Cámara de Casación.

Así, termina la última audiencia del año 2025 para el mayor proceso contra la corrupción de la historia argentina. El Tribunal, por otra parte, anunció que el juicio seguirá en la feria de invierno del año próximo.

La lectura de la acusación del fiscal Stornelli concluyó a las 11:39.

Tras un cuarto intermedio, comenzó la lectura de la acusación de la UIF -encabezada por el fiscal Paul Starc y representada en el proceso por Mariano Galpern, director de litigios penales- que apuntó a “una organización criminal” desde las máximas esferas del Ejecutivo nacional “para enriquecerse ilícitamente” con funcionarios “que se aprovecharon en sus cargos” y “empresarios que pagaban retornos de los contratos que recibían”.

Reiteraron, por ejemplo, la confesión de Uberti, donde De Vido le prometió que Néstor Kirchner “lo iba a hacer cagar” si no recaudaba sobornos de los empresarios de los corredores viales. Si no estaba de acuerdo, según la misma confesión, el ex titular de OCCOVI debía renunciar.

Así, según la UIF, en base a las declaraciones de los empresarios arrepentidos, Uberti recaudó 250 mil dólares durante cuatro años para la corona, que las empresas pagaban para mantener las concesiones y esquivar multas.

También, Uberti puso en relieve el supuesto rol de Aznar, supuesto organizador, un empresario y un cobrador a la vez, “el hombre” que pedía el ex presidente para recaudar los sobres de los empresarios. se probaron 170 llamados entre Aznar y Uberti. La orden de Néstor Kirchner para que los empresarios paguen -con contratos aprobados por decreto- fue enviada una semana antes de las firmas.

Todo, con la anuencia de De Vido y CFK. Uberti aseguró que ingresó en una ocasión al departamento de los Kirchner en Recoleta. Encontró 20 valijas, que serían transportadas a Río Gallegos por Daniel Muñoz en el Tango 01 para esconder en bóvedas compradas al Banco Hipotecario. La lectura de la acusación concluyó poco antes de las 13 horas.

La lectura de la confesión de Uberti llegó poco después de las 10:30. Un pasaje reveló un momento incendiario del máximo poder K, donde le entregó supuestos sobornos en mano al fallecido ex presidente.

“Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del Ministro De Vido, luego se lo llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entregarle el maletín completo, con birome y todo, y me dijo “me tenés que entregar mas, acordate que te voy a hacer cagar”."

En otro momento, afirmó que Marcelino Aznar le propuso una entrega del diez por ciento de la expotación de dos estaciones de servicio de un corredor vial, un supuesto soborno de 50 mil dólares. “Entonces lo consulté con De Vido y me dijo: “Agarralo pedazo de pelotudo, que lo voy a ver al malo” – refiriéndose a Nestor Kirchner- que es una buena noticia".

“En otra oportunidad, una de las primeras veces que fui a ver a Nestor Kirchner, en el año 2005, le llevé la recaudación de los corredores viales a su despacho de la calle Balcarce, quiero aclarar que siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares, en una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro, y peso, agarro a patadas el paquete de los pesos y lo tiro por el despacho. Kirchner era un suplicio. Si con Nestor era imposible trabajar con Cristina era mucho peor (…)”, finalizó.

Luego, en aquel testimonio recordado en la audiencia de hoy, enumeró a los empresarios que supuestamente acudieron a pagarle en lugares como un hotel porteño, sobre por sobre.

Marcelo Marcuzzi, cuya empresa estaba a cargo del Corredor Vial N°5, se sumó al retrato general de la presión ejercida por Claudio Uberti, que se consideraba un funcionario “de cuarta línea”.

Ante una negativa a un pedido de pagar el 10 por ciento de la concesión a comienzos de 2004, “Uberti respondió imitando una pistola con su mano apuntándole a la frente, y le dijo que si no pagábamos tenía “orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda”, afirmó en su indagatoria.

“Luego de eso, Uberti se comunicó nuevamente profesando amenazas de todo tipo, principalmente con la aplicación de multas arbitrarias que derivarían en la ruina económica de la concesión. No solo amenazó con fundir la concesión, sino a todas las empresas integrantes y a sus miembros en forma personal”, siguió. Entre otros episodios, detalló la obligación de asistir a “actos proselitistas”.

Marcela Edith Sztenberg retrató a Uberti como un matón con escritorio en su respectiva indagatoria:

“No me cansaré de repetir: no cometimos delito alguno, ni fuimos parte de ninguna fiesta o asociación ilícita, fuimos víctimas de un esquema de poder autoritario, que se erigió en una verdadera cleptocracia”.

Luego, apuntó a “la ruina a la que se nos expuso” “dado que Rutas al Sur tuvo que liquidarse y presentarse en concurso preventivo en el año 2010”.“A partir del momento en que Rutas al Sur se negó a someterse sumisa, lisa y llanamente a las exigencias extorsivas del titular del OCCOVI sufrió un constante esquema de castigo tendiente a subordinar, doblegar y apropiarse de la libertad individual y empresaria”.

En su ampliación de indagatoria, Claudio Uberti aseveró en 2018:

“Con relación a los corredores viales, los concesionarios cobraban por cuenta y orden del Estado. La ventanilla del peaje era una ventanilla del Estado. Después de un tiempo que estaba establecido de acuerdo a cada cabina de peaje, los concesionarios debían depositar esos fondos en las cuentas del Estado, a fin de mes el OCCOVI informaba al UCOFIN sobre posibles multas, retenciones y liberaba los pagos para los concesionarios, con los descuentos de los cánones que pudieran corresponder para cada corredor".

Marcelo Aznar, por su parte, reconoció los pagos a Uberti de 25 mil dólares cada uno. “Se hicieron mensualmente a partir de mediados de 2004 hasta el año 2005, que partir de agosto o septiembre se vieron interrumpidos debido a la imposibilidad de continuar con los mismos debido a la situación de desequilibrio económico y financiero provocado por el estado debido al incumplimiento del contrato”, aseveró. Es decir, el supuesto desmanejo del Ministerio de Planificación impedía al propio Ministerio cobrar los sobornos.

Aznar, como tantos otros empresarios en el caso de los cuadernos, aseguró que cedió a la presión del poder:

“Esas entregas respondieron a las amenazas de sanciones que ejercía el señor Uberti sobre la concesionaria y sus empresas accionistas y que de ninguna manera respondieron a una contraprestación"

El empresario Aznar fue considerado un miembro de la asociación ilícita

“Tengo por cierto y demostrado que Miguel Marcelino AZNAR integró una asociación ilícita junto con al menos Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, Roberto BARATTA, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Ernesto CLARENS, Claudio UBERTI, Nelson Javier LAZARTE, Rafael Enrique LLORENS, José María OLAZAGASTI, Oscar BERNARDO CENTENO, Gerardo Luis FERREYRA, Germán Ariel NIVELLO, José Francisco LÓPEZ, y Oscar Alfredo THOMAS, Ricardo Raúl JAIME y Juan Pablo SCHIAVI que desarrolló sus actividades aproximadamente desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, aseguró el secretario de turno. Las mayúsculas corresponden al expediente.

Las empresas involucradas en las concesiones de los corredores fueron COARCO SA - EQUIMAC SACIFeI, HOMAQ SA, DECAVIAL SAICAC - VIALCO SA, HELPORT SA - PODESTÁ CONSTRUCCIONES SA, COVICO CONCESIONARIO VIAL SA – COPRISA SA – ESTRUCTURAS SACICIF – GLIKSTEIN Y CIA SACIAM – ICF SA – NOROESTE CONSTRUCCIONES SA y SUPERCEMENTO SACI. Todas le habrían pagado sobornos al ex secretario Uberti, con De Vido como cobrador final.

La audiencia comenzó poco antes de las 9:30 del martes. Previo a la lectura, se trató una cuestión de agenda vital. Al menos 28 defensas plantearon cuestiones diversas de cara a las preliminares previas a las indagatorias que se realizarán en 2026.

Carlos Beraldi, defensor de CFK, afirmó:

“Se nos notificó una providencia para las cuestiones preliminares, pero se nos ha establecido un límite de exposiciones de 45 minutos. Le pido al tribunal que reconsidere esta limitación, nos parece demasiado exigua... Necesitamos que ese plazo sea un poco más extenso”.

Así, el defensor de CFK propuso presentar un adelanto, para una presentación que duraría “horas”. Gabriel Palmeiro, defensor histórico de Julio De Vido, así como de Juan Pablo Schiavo, adhirió al planteo. “Considero que debe reevaluarse”, aseveró, mientras que adelantó la chance de un recurso de reposición.

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, consideró “razonable” el plazo de 45 minutos.

Por otra parte, varios abogados realizaron objeciones sobre la prueba suplementaria en la causa.