El Gobierno de Honduras ha puesto en marcha acciones estratégicas de apoyo dirigidas a más de 55,000 ciudadanos hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, tras el reciente fallo de un tribunal estadounidense que reactiva la posibilidad de cancelar este beneficio migratorio, según informó la agencia EFE.
Las autoridades hondureñas, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reconocieron que el reciente dictamen judicial ha generado una incertidumbre jurídica entre los beneficiarios. El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos permite que el gobierno estadounidense avance en la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, revirtiendo así una decisión previa que frenaba esa medida.
El comunicado oficial detalla que la estrategia incluye la coordinación entre la red consular hondureña, instituciones académicas y organizaciones especializadas. El objetivo es ofrecer orientación jurídica confiable y acompañamiento personalizado, especialmente en un contexto donde muchos beneficiarios han residido legalmente en Estados Unidos durante décadas y han contribuido en distintos ámbitos de sus comunidades.
La Cancillería precisó que se ha conformado un comité interinstitucional para atender de manera diferenciada los casos de cada connacional y, en caso de ser necesario, facilitar la reinserción social, económica y laboral de quienes eventualmente deban regresar a Honduras.
El TPS fue concedido a Honduras en 1999 como respuesta a la devastación provocada por el huracán Mitch en octubre de 1998. Desde entonces, miles de hondureños han podido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo controles migratorios y de seguridad estrictos. El posible fin de este programa, según reconoce el gobierno, tendría un impacto humano, familiar y social considerable.
El gobierno destacó que la decisión judicial conocida recientemente no es definitiva y que el proceso legal podría extenderse hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. En palabras de la Cancillería, en este momento las autoridades están “hilvanando las posibles rutas y soluciones para apoyar en esta transición a madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en EE.UU. durante décadas, incluso realizando contribuciones a sus comunidades dentro de este país”.
Además de la asistencia jurídica y consular, las autoridades hondureñas anunciaron que se están evaluando diferentes alternativas legales y de apoyo. Estas medidas buscan respaldar tanto a quienes intentan regularizar su situación migratoria por otras vías como a quienes podrían enfrentarse a un eventual retorno forzado a Honduras.
La Cancillería reiteró que, aunque Honduras “no puede definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en terceros países”, mantiene el compromiso de “acompañar, orientar y velar por el bienestar y la seguridad de los hondureños en el exterior”.
A través de su red consular y el comité interinstitucional, el gobierno apuesta por brindar información clara y evitar la desinformación en momentos de incertidumbre. El comunicado subraya que la prioridad es “ordenar el proceso para que las personas evalúen sus opciones” y avanzar hacia “un futuro con mayor estabilidad”.
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