En un contexto marcado por la preocupación por la integridad de la justicia y la transparencia en el país, autoridades indígenas de Guatemala advierten sobre irregularidades en los procesos de elección de magistrados y del fiscal general, y manifestaron el riesgo de que actores sancionados internacionalmente sean ratificados en cargos clave.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes frente al Palacio de Justicia, los líderes indígenas remarcaron su vigilancia sobre estos comicios y pidieron al conjunto de la sociedad guatemalteca mantenerse atenta para evitar una mayor erosión del sistema judicial.
Desde el inicio, expusieron que la justicia debe responder al pueblo y no a la impunidad ni a la corrupción. Observaron detenidamente los procedimientos realizados para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general y jefe del Ministerio Público, declarando que esta vigilancia es parte de su responsabilidad histórica.
La conferencia destacó una inquietud profunda respecto a la conformación del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, organismo que tiene entre sus funciones la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Los voceros denunciaron que 23 de los 41 miembros del Consejo ejercen con cargos vencidos e incluso han prolongado sus mandatos de manera ilegal por más de un año.
Según las autoridades indígenas, este cuerpo opera en desacato a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que ordenan renovar su integración.
Los representantes indígenas también repudiaron la candidatura de Consuelo Porras Argueta, magistrada por la Universidad de San Carlos en la Corte de Constitucionalidad. Calificaron esta postulación como una burla para la dignidad del pueblo y recordaron que durante su gestión defendió a actores señalados de corrupción y criminalizó a comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios.
Destacaron que Consuelo Porras ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros estados, y advirtieron sobre el peligro de que personas con estas condiciones logren cargos estratégicos.
Además, reclamaron que se rechacen las postulaciones similares presentadas por el mismo consejo universitario.
Asimismo, exigieron el rechazo de cualquier intento de reelección de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros organismos sujetos a elección de segundo grado. Demandaron tanto a la Corte Suprema como al Congreso de la República, al Organismo Ejecutivo y al propio Consejo Superior Universitario que se abstengan de reelegir magistrados actuales, instando a que sean designados profesionales probos y transparentes, no sancionados internacionalmente y comprometidos con la democracia.
En el cierre del comunicado, las autoridades indígenas subrayaron la importancia de las misiones de observación para exigir transparencia en las elecciones, y exigieron la observancia estricta del estado de derecho, la justicia constitucional y los derechos humanos conforme a tratados internacionales.
Los representantes señalaron: “Nonos callarán. Nuestras voces de denuncia prevalecen en momentos oscuros y cuando se atenta contra la democracia."
Y reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia sobre cada etapa del proceso electoral e insistieron en la necesidad de una justicia independiente y orientada al bien común para el pueblo guatemalteco, en particular para los pueblos originarios.
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