La administración de Donald Trump propuso una nueva tarifa de USD 103.265 para las visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados.
La medida afecta a sectores como tecnología e ingeniería, donde la demanda laboral suele superar la oferta disponible, y llega mientras la Casa Blanca intenta sostener por vía regulatoria un cargo previo de USD 100.000 que la Justicia frenó por considerarlo ilegal.
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El nuevo cobro todavía no está vigente. Forma parte de una regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que será publicada en el Registro Federal este martes 25 de agosto y deberá atravesar un proceso regulatorio antes de quedar firme.
La tarifa alcanzaría a las peticiones sujetas al límite legal de 85.000 visas anuales, incluidas 20.000 reservadas para trabajadores extranjeros con maestrías u otros títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos.
Quedarían fuera las solicitudes exentas del cupo, entre estas, muchos puestos en universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro o estatales.
El antecedente judicial del cargo previo
La medida se diferencia de una orden ejecutiva de 2025 que impuso un cargo de USD 100.000 a ciertas contrataciones H-1B desde el exterior y que luego fue anulada por un tribunal federal.
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El 8 de junio de 2026 un juez federal de Massachusetts concluyó que el Gobierno no tenía autorización del Congreso para imponer esa suma y sostuvo que se trataba de un impuesto, no de una simple tarifa administrativa.
Más tarde, en julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó suspender la orden que había invalidado ese cobro.
La regla nueva muestra que el gobierno mantiene su decisión de aplicar una carga económica de esa magnitud al programa.
Cómo se repartirían los fondos
El texto oficial detalla cómo se distribuiría la recaudación del nuevo cargo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos recibiría cerca de USD 3.000 millones y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, oficina que supervisa los tribunales de inmigración, unos USD 2.960 millones.
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En tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos obtendría alrededor de USD 1.050 millones, el Departamento de Trabajo cerca de USD 1.210 millones, el Departamento de Estado unos USD 484 millones y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos aproximadamente USD 76 millones.
El DHS sostiene que esos fondos financiarían adjudicaciones migratorias, detección de fraude, controles de seguridad nacional, fiscalización laboral, revisión de visas, operaciones de tribunales migratorios y sistemas biométricos vinculados con la frontera.
La iniciativa se inserta en una revisión más amplia del programa H-1B impulsada por la administración Trump. Entre los cambios recientes figuran el reemplazo de la lotería tradicional por un sistema de selección ponderado que favorece a postulantes con salarios más altos y la propuesta para eliminar el período de gracia de los trabajadores H-1B despedidos.
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Esos cambios también incluyeron otras subas de costos. El DHS finalizó hace poco una regla separada que amplía una tarifa biométrica y de seguridad de USD 4.000 a ciertas solicitudes de extensión H-1B presentadas por grandes empleadores que cumplan determinados requisitos.
El mismo departamento además evalúa cobrar USD 100.000 a graduados extranjeros con visa estudiantil F-1 para participar en “Optional Practical Training”, un programa de trabajo posterior a la graduación muy utilizado por estudiantes internacionales.
Zuzana C. Wootson, subdirectora de política federal de la coalición “Presidents’ Alliance”, advirtió a la revista Newsweek que la regla tendría “efectos perjudiciales importantes sobre la economía, las comunidades y la competitividad global de la nación”.
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Añadió que, al volver prohibitivo para muchos empleadores contratar graduados internacionales, la propuesta dañaría una de las ventajas competitivas del país: formar estudiantes talentosos de todo el mundo y retener sus capacidades, ideas y espíritu emprendedor.
Wootson también alertó que los estudiantes extranjeros no eligen dónde formarse solo por la experiencia académica, sino por la posibilidad de aplicar su educación después de graduarse. Sostuvo que la regla propuesta debilitaría con fuerza el paso de la educación al mercado laboral y volvería a Estados Unidos un destino menos atractivo para estudiantes de alto nivel.
La disputa ocurre además en medio de un debate político de larga data dentro del Partido Republicano sobre la inmigración calificada.
La disputa ocurre además en medio de un debate de larga data dentro del Partido Republicano sobre el uso de visas para trabajadores extranjeros calificados.
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Los críticos vinculados al movimiento MAGA sostienen que algunas empresas recurren a este programa para reemplazar a trabajadores estadounidenses, presionar los salarios a la baja y reducir las oportunidades para graduados locales.
En cambio, las compañías tecnológicas y los grupos empresariales defienden las visas H-1B como una herramienta para cubrir puestos especializados en ingeniería y desarrollo de software que, según afirman, no pueden cubrir con suficientes candidatos calificados en Estados Unidos.
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