El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó a la Junta de Gobernadores del sistema universitario del estado que elimine la utilización de visas H-1B en las universidades públicas, una decisión que impactará a miles de trabajadores migrantes y marca un cambio relevante en la política laboral y educativa local, según informó Newsweek.
La medida pretende poner fin a la contratación de personal extranjero con este tipo de visado en favor de egresados estadounidenses, como parte de una ofensiva frontal contra lo que las autoridades locales califican como abuso del sistema por parte de las instituciones académicas.
Durante una conferencia de prensa, DeSantis afirmó que las universidades públicas han recurrido sistemáticamente a la visa H-1B para traer empleados extranjeros, en detrimento de “americanos calificados y disponibles para hacer el trabajo”. El mandatario subrayó: “no toleraremos el abuso de la H-1B en las instituciones de Florida. Por eso instruí a la Junta de Gobernadores para que termine con esta práctica”.
Los afectados
De acuerdo con datos citados por Newsweek, Florida acumula hasta el momento unas 7.250 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B en 2025, una cifra que incluye tanto nuevas admisiones como extensiones, ya que el permiso inicial dura tres años y puede extenderse otros tres.
El impacto central de la propuesta radica en que la norma afectará a docentes, investigadores, personal administrativo y especialistas que se desempeñan en universidades del estado amparados bajo este permiso de residencia laboral temporal.
Según cifras de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para el ciclo 2025, la Universidad de Florida concentró 156 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B, la Universidad del Sur de Florida gestionó 68 y la Universidad Estatal de Florida, 67.
El Estado se encuentra lejos del nivel de uso de la visa H-1B que muestran otros puntos de la geografía estadounidense como California, Nueva York, Texas o Nueva Jersey, jurisdicciones que superan ampliamente a Florida en número de aprobaciones anuales.
Pese a ello, la decisión introducida por DeSantis podría modificar la situación migratoria de cientos o miles de personas actualmente vinculadas de manera legal a instituciones del sistema universitario estatal.
Además, el propio gobernador puntualizó que las instituciones utilizaban el programa H-1B para contratar no solo a profesores o investigadores reconocidos, sino también a asistentes de entrenadores deportivos y especialistas en comunicación, cargos que, según su opinión, deberían ser cubiertos por egresados estadounidenses. “Las universidades están importando trabajadores extranjeros en vez de tomar en cuenta a quienes se gradúan aquí”, insistió DeSantis.
El contexto nacional muestra que la visa H-1B ha recibido críticas de sectores políticos que cuestionan la contratación de migrantes en posiciones técnicas o profesionales. El programa, dirigido a trabajadores altamente calificados, se emplea históricamente en sectores como tecnología, salud y educación superior.
La decisión de limitar las visas H-1B plantea incertidumbre respecto al destino laboral de quienes ya están empleados en universidades públicas de Florida. Quedarán sujetos a los plazos de seis años máximo que autoriza el permiso, salvo que logren cambiar su estatus migratorio.
La regla vigente permite a las personas con visa H-1B casarse con ciudadanos estadounidenses, aunque se mantienen bajo el mismo visado hasta que completen el trámite para la residencia legal. Entre los caminos más frecuentes para estabilizar su permanencia en el país figura el citado proceso PERM.
La noticia ya impulsa el debate sobre el papel de los trabajadores extranjeros en la educación y en el desarrollo económico estatal. Por el momento, el futuro de varios cientos de empleados depende de la implementación de la directiva y de eventuales pronunciamientos de universidades afectadas, un escenario que, según Newsweek, sigue sin definirse con claridad.
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