España cierra otra legislatura sin cumplir el mandato del GRECO de 2014 de regular la relación entre políticos y lobbies

España ha puesto fin esta semana a otra legislatura sin haber cumplido las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre la regulación de las relaciones entre los políticos, especialmente los parlamentarios, y los llamados grupos de interés, una demanda que este órgano del Consejo de Europa viene reclamando desde 2014 y que también reclama la Comisión Europea.

El GRECO, al que España se adhirió en 1999, lleva desde 2014 subrayando la necesidad de que se introduzcan controles y se imprima transparencia en la labor de los grupos de interés y su influencia que la redacción de la leyes.

Es decir, España lleva 12 años siendo señalada por carecer de esta normativa y viendo como el GRECO le exige que garantice una mayor transparencia tanto de las actividades de quienes intentan influir como de quienes reciben la influencia.

En su último informe, de 2024, también la Comisión Europa criticaba que España no había realizado nuevos avances en esta materia y le recomendaba proceder a la aprobación de una ley que incluyera el establecimiento de un registro público obligatorio de 'lobbies'.

AVANCES FORMALES, PERO NO REALES

Por su parte, el GRECO viene avisando de que no basta con crear un registro de grupos influencia, sino que hay que hacer públicas las agendas de los parlamentarios para que se sepa quién se reúne con quién, para qué y qué asuntos tratan.

En el ámbito parlamentario ha habido avances formales, pero el GRECO los sigue considerando insuficientes. En 2019 el Congreso aprobó su Código de Conducta, donde ya obligaba a sus señorías a hacer públicas sus agendas en la web de la Cámara y a incluir en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tuviera la condición de grupo de interés.

En 2020, con la aprobación del Código de Conducta de las Cortes Generales, esta obligación se extendió también a los senadores, pero la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, ha venido reprendiendo anualmente a los diputados y senadores por seguir incumpliendo.

Las Cortes llegaron a editar una guía para enseñar a los parlamentarios a subir sus agendas a la web, pero en su último informe, correspondiente a 2025, la Oficina de Conflicto de Intereses constató que este apartado del Código de Conducta seguía sin cumplirse.

EL 80% DE PARLAMENTARIOS OCULTAN SUS REUNIONES

Si bien al inicio de este año todos los miembros de las Cámaras publicaban ya sus actividades estrictamente parlamentarias, el 78% de los diputados y el 79% de los senadores seguían sin informar de otro tipo de actividades o reuniones, y quienes sí lo hacían las comunicaban sólo de forma ocasional y rara vez referían encuentros con asociaciones y organizaciones o con representantes de grupos de interés.

El Código de Conducta prevé la publicación de las agendas, pero no regula la actividad lobista en el ámbito parlamentario. Por eso, en mayo de 2025, el PSOE registró una propuesta para hacerlo mediante la reforma del Reglamento del Congreso que contemplaba, entre otras cosas, la creación de un Registro de grupos de interés.

La propuesta se tramitó, los grupos presentaron sus enmiendas en noviembre del año pasado, pero nunca se llegó a convocar la ponencia para discutirlas. Con la disolución de las Cortes, la reforma ha decaído cuando acumulaba un año el cajón.

Además, a principios de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. El Pleno aceptó tramitarlo en febrero de aquel año, pero las enmiendas no se registraron hasta el mes de septiembre y, al final la ponencia no se llegó a convocar por la falta de acuerdo entre los grupos.

Para sortear ese bloqueo, el pasado 25 de agosto el Consejo de Ministros utilizó la vía del real decreto-ley, alegando que la regulación de los 'lobbies' era uno de los compromisos del Plan de Recuperación e iba vinculada al desembolso de fondos a España. Pero el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, derogó el decreto ley el 16 de septiembre.

SE INSCRIBIERON MÁS DE 250 'LOBBIES'

Durante el tiempo en que el decreto ley estuvo en vigor más de 250 entidades se llegaron a inscribir en el Registro Estatal de Grupos de Interés para continuar ejerciendo su actividad de influencia ante el sector público estatal.

La gestión de este registro, que en el proyecto de ley que quedó varado en el Congreso se había encomendado a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se había dejado finalmente en manos del Consejo del Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente.