Sanidad urge a Madrid a dejar de coaccionar a sus trabajadores sanitarios para que callen

Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que anule unos acuerdos "coaccionadores" de confidencialidad que han repartido varios hospitales a sus trabajadores para que no denuncien irregularidades como ha hecho un cirujano del Ramón y Cajal.

"La Comunidad de Madrid no solamente está invitando a través de un documento coaccionador a los profesionales a que no denuncien, sino que a quienes denuncian, les está señalando y eso está prohibido por ley", ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una campaña sobre el aborto.

Se ha referido así a unos acuerdos de 'Compromiso de confidencialidad y deber de secreto' que al menos el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora y el Hospital Universitario de Getafe han repartido entre sus profesionales.

Los citados documentos, a los que ha tenido acceso EFE, tienen por objeto "establecer el compromiso de confidencialidad y el deber de secreto profesional que deben cumplir todos los profesionales que desarrollen su actividad en el hospital, independientemente de su relación laboral, profesional o formativa".

El profesional que lo firme "se compromete a mantener la más estricta confidencialidad" respecto de toda la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, como datos personales y relativos a la salud de los pacientes, información clínica o asistencial, administrativa o económica o "cualquier otra que afecte a los derechos de pacientes o de terceros".

La citada información sólo podrá utilizarla "exclusivamente para el desempeño de sus funciones", pero no divulgarla, comunicarla o facilitar información a terceros sin autorización, "entendido cualquier medio, incluidas las conversaciones en lugares que puedan dar lugar a filtración de información".

El incumplimiento del acuerdo "podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales que correspondan, así como a la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados".

Y se recuerda, "con la intención de evitar daños para el paciente, el centro y el propio profesional", que la revelación de información "conocida por motivo de la relación laboral sobre la historia clínica del paciente constituye un delito de revelación de secretos (197 y ss. Código Penal) con pena privativa de libertad".

"Esto tiene un nombre, se llama coacción", ha zanjado la ministra, que ha calificado de "barbaridad" los documentos, porque "una cosa es proteger los datos de los pacientes", que "obviamente deben de protegerse siempre", pero "otra muy distinta es usar la confidencialidad como amenaza para tapar lo que pasa dentro de un hospital".

Mónica García ha censurado además la "ingeniería estadística" que aplican muchas comunidades, entre ellas la de Madrid, para maquillar sus listas de espera, algo que ha demostrado "a ciencia cierta" denunciantes como el cirujano Luis Alberto Martos, del Hospital Ramón y Cajal.

Por ello, su departamento está preparando un real decreto que mejorará la transparencia y la trazabilidad de las listas de espera, que establecerá, por ejemplo, que la demora empiece a contarse desde que el médico indica una consulta, prueba e intervención, e introduce por primera vez el ámbito de la Atención Primaria. EFE