El Supremo consulta al Gobierno tras denunciar una asociación falta de seguridad en Ceuta y "ocultación" de información

05/09/2026 Varios inmigrantes acampados en la playa, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado, consultada por Europa Press. En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta.
POLITICA 
Marcos Moreno - Europa Press
05/09/2026 Varios inmigrantes acampados en la playa, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado, consultada por Europa Press. En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que entregue expediente administrativo a raíz de un recurso de una asociación que denuncia "omisión deliberada de medidas de seguridad" en Ceuta y "ocultación de información" por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo a través de una diligencia de ordenación, que ha avanzado 'Okdiario' y a la que ha tenido acceso Europa Press.

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"Reclámese al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo para su remisión a esta Sala en el plazo máximo de cinco, acompañado de los informes que la autoridad recurrida considere procedentes como fundamento del acto impugnado", se señala en la diligencia.

La asociación Zeolandia se dirigió al Supremo para la "protección de los derechos fundamentales" y contra la Administración General del Estado por una actuación constitutiva de "vía de hecho por omisión".

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A su juicio, esa actuación se ha manifestado "a través de la omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas por parte del Ministerio del Interior y por la Presidencia del Gobierno, así como por la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población", según el recurso de la asociación, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Se refiere concretamente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado 31 de julio, cuando dijo que la entrada masiva de inmigrantes fue "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Esa asociación señala que Sánchez no se ajustó a la "estricta verdad" cuando añadió que la llegada de inmigrantes se produjo por "una lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo" --la que prohíbe las devoluciones en caliente de los llegados a nado-- después de "las interlocuciones" tenidas "con las autoridades marroquíes".

"INVADIR TERRITORIO ESPAÑOL"

Bajo su punto de vista, esas palabras "faltan a la veracidad y suponen un obstáculo al acceso a la información pública sobre los hechos acaecidos el 30 de julio en la ciudad autónoma".

"El Gobierno se parapeta en las denominadas 'mafias' de tráfico de seres humanos, sin aportar ningún dato o elemento que sirva para identificar a sus responsables", expone.

Y contrapone que "ha quedado evidenciado, tanto por las imágenes, como por los testimonios realizados por las personas que accedieron irregularmente al territorio soberano de Ceuta que la inmensa mayoría de estas personas, no lo hicieron con una intención migratoria, ni bajo el influjo de las denominadas 'mafias', sino más bien como una demostración de fuerza e impunidad de invadir territorio español y europeo".

"Por este motivo, miles de estas personas regresaron voluntariamente a Marruecos a las pocas horas. Por supuesto, otros miles de personas albergaban la intención de encontrar protección en suelo europeo con el anhelo de residir en Europa", abunda.

Zeolandia sostiene que la actuación del Ejecutivo de Sánchez, "al ignorar las alertas de los servicios de inteligencia, omitir el refuerzo fronterizo y ocultar deliberadamente la verdad de los hechos a la población de Ceuta, constituye una vía de hecho por omisión de sus deberes de protección y una vulneración flagrante de derechos".

Por ello, pide al Supremo que requiera al Gobierno que identifique los informes, notas, comunicaciones o documentos oficiales que sirvieron de fundamento a esas palabras de Sánchez.

"Sólo mediante la aportación de dicha documentación podrá verificarse si la explicación institucional difundida a la ciudadanía se correspondía con la información realmente disponible en Presidencia o si, por el contrario, se proporcionó una versión incompleta, carente de respaldo documental suficiente o contradictoria con los informes oficiales entonces existentes", añade.

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