Madrid, 29 jul (EFE).- La Política Agraria Común (PAC) permite otorgar ayudas para la prevención de incendios forestales dentro de los planes de desarrollo rural, cofinanciados por los países, y que en el caso de España son diferentes según las comunidades autónomas, que tienen competencias en estos programas.
El Plan Estratégico de la PAC (Pepac) para España entre 2021 y 2027 reconoce que la lucha contra los incendios forestales es prioritaria y enmarca las medidas de prevención dentro del desarrollo rural, el "pilar" de esa política que financia medidas distintas o complementarias a la agricultura.
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Las comunidades autónomas tienen competencias en desarrollo rural y sus planes varían, por lo que las medidas de prevención contra el fuego en el monte y la inversión son diferentes según las necesidades de sus territorios.
En el Pepac, el Gobierno detalla que "la prevención de daños forestales tiene en España especial importancia debido a la incidencia de los incendios".
"Por esta razón, la intervención es programada por todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco, donde la menor incidencia del problema permite a las autoridades competentes atenderlo con fondos propios fuera del Plan Estratégico", según el texto.
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Los apoyos a la prevención de incendios benefician a titulares forestales, públicos o privados, y a sus agrupaciones, así como a administraciones públicas.
Un ejemplo de la diferenciación de las medidas por autonomías es que, para recibir esas ayudas, en algunas se exige a los titulares de montes, dependiendo del tamaño, que cuenten con un plan de gestión forestal o un proyecto equivalente.
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El desarrollo rural ha contado con unos mil millones de euros anuales en la actual programación de la PAC (hasta 2027), pero su futuro y, por consiguiente, el de las medidas de esta política despiertan incógnitas, debido a la propuesta presupuestaria que maneja la Comisión Europea (CE) para 2028-2034.
La CE ha propuesto fusionar los dos pilares de la PAC (subvenciones directas y desarrollo rural) y que esta política entre en un megafondo junto con otras como la pesca y la cohesión, con asignaciones por países que decidirán sobre el reparto de estos fondos.
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El alcance del presupuesto agrícola y de los recortes es incierto en este momento de negociación en la Unión Europea (UE).
De hecho, el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, ha manifestado en una entrevista con EFE que la presidencia irlandesa de turno de la UE defenderá que, en el debate del marco financiero 2028-2034, se tengan en cuenta los incendios y el cambio climático.
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Glynn ha resaltado el papel "esencial" que deben tener los bosques en el diseño de las políticas económicas y del desarrollo rural, con un especial "hincapié" en la agricultura. EFE
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