El Constitucional admite a trámite el recurso presentado por el PP contra la ley catalana de vivienda

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley de Cataluña que regula medidas en materia de vivienda y urbanismo, al alegar que podría "ser contraria a las competencias estatales", entre otras posibles infracciones.

Así lo ha dado a conocer este lunes en una nota la corte de garantías, que ha explicado que los 'populares' señalaban en su demanda que la ley podría "vulnerar el principio de autonomía local" y "ser contraria a las competencias estatales exclusivas en materia de bases de las obligaciones contractuales y en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos".

Asimismo, el PP apuntó a "la posible vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales, del principio de retroactividad, y también del principio de reserva".

El PP presentó este recurso el pasado mes de marzo, alegando que la ley vulneraba "derechos fundamentales" y presentaba "un exceso competencial" y "la quiebra de principios constitucionales básicos", según explicó el partido en un comunicado.

Además, argumentó que ley contravenía el derecho a la protección de datos "por la obligación impuesta a las administraciones de ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección".

Respecto a la autonomía local, el PP señaló que la ley no respetaba este principio al "imponer el uso predominante de viviendas en ciertos municipios a residencia habitual".

Asimismo, el grupo parlamentario denunció la "invasión de competencias estatales en legislación civil" porque la norma "pretende alargar la calificación de Viviendas de Protección Oficial y modificar sus precios de forma retroactiva"

Los 'populares' impugnaron también la norma al considerar que supone una infracción de la reserva de ley "ante la posibilidad de que se fijen precios de venta y alquiler de viviendas de protección oficial", alegando "usurpación de funciones en ordenación de registros" con la creación de un registro de grandes propietarios.

El PP solicita al TC "la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos impugnados para preservar el orden constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos".