Madrid, 6 abr (EFE).- La Comunidad de Madrid asegura que en las reubicaciones de menores migrantes en las distintas regiones se han dado casos de "separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades".
Así lo ha expresado la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que rechaza los nuevos traslados de menores no acompañados sin que haya cobertura jurídica, al haber expirado los plazos previstos, y advierte que emprenderá acciones legales si el Gobierno central intenta prolongar de facto el sistema extraordinario de reparto entre comunidades.
El Gobierno declaró en marzo que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto una modificación legislativa del Real Decreto-Ley 2/2025, que fija un mecanismo obligatorio de reubicación de menores en casos de "contingencia migratoria extraordinaria", para hacer efectiva la prórroga de un año más, que llegará hasta agosto de 2027.
Según expresa la consejera en su carta, fechada este 6 de abril, cualquier intento de promover "nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho".
Además de responsabilizar al Gobierno de la situación de emergencia migratoria sufrida sobre todo en Canarias, Ceuta y Melilla, Dávila subraya que el Gobierno "ha pasado del silencio y la inacción a la imposición", sustituyendo la cooperación por "decisiones unilaterales que ponen en riesgo las capacidades de las comunidades e invaden sus competencias".
La aplicación del Real Decreto-ley 2/2025 y su desarrollo posterior ha ignorado "la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar".
Se ha llegado a "separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades", incluso jóvenes que tenían "trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad", afirma Dávila.
Para Madrid resulta "llamativo" que, tras afirmar públicamente que la situación de contingencia "había finalizado y que el sistema había funcionado", el Ministerio pretenda ahora "prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica tras la expiración de los plazos legalmente previstos".
Según el artículo 35 del Real decreto, la situación de contingencia migratoria extraordinaria se declara cuando se triplica la capacidad de acogida de una comunidad o ciudad autónoma, momento en que el Gobierno puede ordenar el traslado forzoso de menores a otras comunidades en un plazo máximo de quince días.
Por ello, el Gobierno madrileño insta al Ministerio a que "cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal".
De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá "todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente", concluye la misiva. EFE
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