La comisión del Senado sobre el apagón pasa a conclusiones después de nueve meses

Madrid, 25 mar (EFE).- La comisión del Senado que investiga el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 ha acordado pasar a la fase de conclusiones después de que este miércoles se haya puesto punto y final a las comparecencias con la intervención en segunda ronda de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.

"Habiendo finalizado las intervenciones, agradezco su tono y el trabajo realizado y empezamos ya con las conclusiones", ha anunciado el presidente de la comisión, el popular Francisco Javier Márquez, más de nueve meses después de que se constituyera y designara la mesa, el pasado 12 de junio.

Fuentes parlamentarias consultadas por EFE explican que las conclusiones que se deriven de esta investigación pasarán primero por una nueva sesión, y más tarde, al pleno.

El experto en energía José Manuel Clamagirand fue el primero en comparecer por estos hechos, los mismos que han llevado al Senado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, su 'número dos' en Energía, Joan Groizard, o la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández.

También han intervenido el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, su homólogo en Endesa, José Bogas, así como representantes de Aelec -asociación que integra a ambas eléctricas y EDP- y de Redeia, matriz del operador del sistema Red Eléctrica, a todos los niveles, desde técnico a directivo.

De hecho, este mismo miércoles, la presidenta de Redeia ha regresado a esta comisión "para aclarar las posibles contradicciones de su versión".

En este tiempo, en el que no han faltado las versiones de expertos en energía y del ámbito renovable, los trabajos se han ido solapando con la actualidad en el sector, incluidos los distintos informes -del Gobierno, de Red Eléctrica, de las eléctricas, de la CNMC y del panel de expertos europeo- que han ido conociéndose, los últimos la semana pasada.

De acuerdo con el comité liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica, el apagón se produjo por un problema de sobretensión con "origen multifactorial".

A tenor de su documento, faltaron capacidades de control de tensión "bien porque no estaban programadas con suficiencia (tarea de Red Eléctrica), bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma (competencia de las empresas) o una combinación de ambas".

Desde el operador del sistema han respaldado su programación y han incidido en que el 'cero eléctrico' se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión no la hubieran incumplido.

Mientras que las eléctricas han venido sosteniendo que el episodio se produjo por un error de planificación sobre elementos necesarios para controlar la tensión ese día.

Más allá de estos trabajos, en los que no se atribuye responsabilidad a ningún agente en concreto, Gobierno, regulador y operador han ido desplegando mejoras encaminadas a reforzar la seguridad del sistema eléctrico y a hacerlo más resiliente.

Sobre todo después de que a principios de octubre, la CNMC sacara a audiencia pública una propuesta de modificación temporal de varios procedimientos de operación, sugerida por Red Eléctrica después de detectar "variaciones bruscas" de tensión, aunque dentro de los márgenes establecidos.

Tras varias prórrogas, las medidas temporales encaminadas a reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico pasaron a ser indefinidas en enero, si bien quedó abierta la posibilidad de ajustarlas mientras se desarrollaban otras soluciones de medio plazo.

Además, se ha actualizado el procedimiento de operación 7.4, para permitir a las renovables realizar un control dinámico de tensión en el sistema.

Uno de los debates que más ha enconado a senadores e intervinientes ha sido el modo reforzado en el que Red Eléctrica opera el sistema desde el incidente, lo que supone la entrada de más ciclos combinados, tecnología considerada de respaldo y que emplea gas para producir electricidad, lo que incrementa el coste.

Los partidos de la oposición han manifestado su preocupación respecto a esta operación reforzada y cómo puede afectar a los consumidores, principalmente los industriales. Desde el Gobierno, incluida la propia ministra Aagesen, han incidido en que es Red Eléctrica a quien compete mantenerlo o levantarlo.

Mientras que el operador del sistema es claro: seguirá operando de la misma forma hasta que exista una certeza absoluta de que todos los agentes del sector eléctrico cumplen con sus obligaciones.

Conforme a los últimos datos ofrecidos por la presidenta de Redeia, el coste total de la operación reforzada alcanza los 613 millones de euros, un importe que las eléctricas elevan a más de 1.000 millones.

El apagón saltará ahora al Congreso, a su respectiva comisión. EFE