La candidata del Gobierno para presidir el Consejo de Transparencia logra el aval del Congreso

Durante la última comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, Concepción Campos Acuña defendió la necesidad de que la transparencia institucional no se limite a la acumulación de documentos en páginas web y que las administraciones deben revisar los contenidos publicados, su formato y su propósito. Con esta perspectiva, la candidata presentada por el Gobierno ha recibido el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, paso imprescindible para que asuma la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo encargado de garantizar la aplicación de la normativa en esta materia.

Según informó el medio de referencia, la candidatura de Campos Acuña, propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, obtuvo el apoyo de los grupos parlamentarios PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG. El Partido Popular optó por la abstención, mientras que Vox votó en contra, detalló el medio. Tras la votación favorable, queda pendiente la aprobación de su nombramiento por real decreto en el Consejo de Ministros. Campos Acuña contará con un mandato de cinco años, no prorrogable, y su función estará marcada por la dedicación exclusiva y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades propio de los altos cargos de la Administración General del Estado, según consignó el medio.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se creó en 2014. Con la llegada de Campos Acuña a la presidencia, ella se sitúa como la tercera persona al frente del ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y reemplazará a José Luis Rodríguez Álvarez, cuyo período como presidente concluyó el pasado mes de octubre según publicó el mismo medio.

En cuanto al perfil profesional, el medio relató que la nueva presidenta, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora Cum Laude, cuenta con un Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas. La experiencia de Campos Acuña incluye más de dos décadas dedicadas a la administración pública, particularmente como secretaria de Administración Local de categoría superior, con su último destino en el Ayuntamiento de Vigo, aunque actualmente se encuentra en excedencia. Además, ejerce como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili.

Dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Campos Acuña asumió responsabilidades técnicas en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, participando en la revisión del Código de Buen Gobierno Local en 2015 y coordinando la elaboración de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización. También coordina el Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública y forma parte del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la misma red, según indicó el medio.

De acuerdo con la información publicada, durante la sesión parlamentaria, Campos Acuña subrayó que la implantación inicial de la Ley de Transparencia, de la que fue parte activa, constituye un conocimiento directo que la acredita para el cargo. Expresó que su preparación jurídica y su experiencia dentro de la administración pública la posicionan como una candidata adecuada para presidir el consejo que vela por el cumplimiento de la normativa. Ante los diputados, señaló: “No estaría aquí si no pensara que lo puedo hacer bien”.

Entre los planes para la institución, Campos Acuña destacó la importancia de actualizar una ley con una vigencia de diez años, reforzar el órgano tanto en recursos como en la cooperación con entidades similares a escala territorial y avanzar más allá de lo que describió como respuestas administrativas demasiado formalistas frente a las solicitudes de acceso a la información. En su intervención, consideró que el balance de la aplicación de la ley respecto a la publicidad activa presenta claroscuros, al considerar que ciertas entidades la han tratado como un mero trámite. Manifestó la necesidad de avanzar hacia una transparencia que no se base solo en liberar archivos en PDF sino en revisar el objetivo y la utilidad de lo publicado.

Otro de los puntos resaltados durante la comparecencia ante el Congreso consistió en la propuesta de utilizar Inteligencia Artificial (IA) como herramienta para la supervisión automatizada de las obligaciones de publicidad activa. Además, instó a superar las inercias restrictivas en la administración y a acortar los plazos de respuesta en la entrega de información solicitada por ciudadanos, según reportó el medio.

También enfatizó que el concepto de buen gobierno requiere pasar de una simple declaración de principios a una aplicación efectiva y detallada, según explicó ante los parlamentarios. Tras estos anuncios, la presidenta designada solicitó el respaldo de la Cámara para emprender la actualización legislativa y materializar una visión renovada del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tras el refrendo del Congreso, el procedimiento formal de designación requiere la publicación del real decreto en el que se oficializará la toma de posesión. El nuevo mandato, al igual que los anteriores, no podrá renovarse y la dedicación se ajustará a las exigencias legales para altos funcionarios estatales. Concepción Campos Acuña será la tercera persona que lidera el organismo desde su fundación, y su gestión se inicia con el reto de fortalecer la transparencia y los mecanismos de acceso a la información en las instituciones bajo su competencia.