Madrid, 25 mar (EFE).- Si los flujos migratorios que llegan a España se redujeran un 30 % en los próximos 50 años, el país tendría 15 millones de habitantes menos, perdería 9 millones de trabajadores, experimentaría una caída del PIB del 22 % y unos 2.300 pueblos se borrarían del mapa.
Estos son algunos de los datos que arroja el primer borrador del informe 'España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles' realizado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dependiente de la Presidencia del Gobierno, que ha sido divulgado este miércoles.
La publicación compara dos escenarios: uno en el que los flujos migratorios se mantienen en niveles similares a los actuales y otro en el que estos se reducen un 30 % respecto a esas proyecciones.
La confrontación de estos dos paisajes refleja el impacto que tendría una reducción drástica de la inmigración: podrían cerrar hasta 90.000 bares y restaurantes, cerca de la mitad de los actuales, y 220.000 explotaciones agrícolas, casi un tercio de las que existen hoy, dejarían de producir frutas y verduras por falta de mano de obra.
Se ha elegido un escenario de reducción del 30 % en los flujos de inmigración ya que esta cifra se considera un supuesto de variación realista y empíricamente fundamentado. Los flujos migratorios son altamente sensibles a cambios regulatorios, restricciones administrativas o giros en el clima político.
España perdería 63.000 médicos y 50.000 aulas
Según el documento, en el escenario de baja inmigración, la población española se podría reducir en torno a un 25 %, hasta los 40 millones de habitantes, en lugar de los 55 millones proyectados si la migración continuase como ahora.
Únicamente habría 24 millones de personas en edad de trabajar -9 millones menos que si se mantuvieran las tendencias actuales- y, como consecuencia, el PIB sería un 22 % menor, una reducción que equivale a cuatro veces los ingresos del sector turístico en España.
Además, los servicios públicos se verían enormemente dañados: se perderían 63.000 médicos especialistas, lo que llevaría a un aumento significativo de la carga asistencial y de las listas de espera, y se cerrarían 32.000 aulas de educación primaria y 18.000 de secundaria.
El informe analiza sectores claves para la economía española y en los que la población migrante tiene un peso importante, como los cuidados, donde la interacción entre una oferta laboral decreciente y una demanda creciente asociada al envejecimiento podría generar un desajuste significativo.
Las proyecciones potenciales apuntan a que, si cayera un 30 % la inmigración en España, bajaría aproximadamente un 28 % el número de trabajadores en este sector, mientras que el número de personas mayores dependientes podría aumentar en torno a un 60 %, lo que daría como resultado "millones de personas mayores solas y sin cuidados".
La pérdida de inmigración también afectaría especialmente a los pueblos: provincias ya amenazadas por la despoblación como Huesca, Soria y Teruel, verían agravado el problema y podrían perder hasta un 28 % de su población en 2075.
La publicación apunta que la migración es clave para la sostenibilidad del Estado del bienestar, ya que la población extranjera se concentra en edades laborales, lo que refuerza la base de cotizantes y la recaudación fiscal.
Con menos inmigración, financiar las pensiones sería cada vez más complicado: para mantener el nivel actual de prestaciones bajo el escenario de menor inmigración, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros adicionales anuales en 2075.
Y también habría menos ingresos para el Estado del bienestar: para compensar la pérdida, se tendría que recaudar un 14 % más en el impuesto de sociedades o en torno a un 6 % más en el IVA.
A modo de conclusión, el informe señala la migración constituye "un elemento central en la configuración del futuro de España" con efectos mucho más allá de los demográficos, que abarcan desde el crecimiento económico a la sostenibilidad de las cuentas públicas y al equilibrio territorial.
En el estudio han participado investigadores y expertos de diversas universidades nacionales e internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el CaixaBank Research y el Centro de Estudios Demográficos (CED), entre otros. EFE
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