El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de migrantes aunque teme que el PSOE maniobre para impedirlo

La reciente votación en el Senado sobre la Ley de Multirreincidencia ha añadido un punto de fricción en el Congreso, donde el Partido Popular espera que Junts mantenga el apoyo que mostró anteriormente a las enmiendas impulsadas por los populares y Vox, especialmente a aquellas que introducen restricciones al proceso de regularización de migrantes. Según informó Europa Press, la dirigente del PP, Cuca Gamarra, expresó su confianza en que el respaldo de Junts se mantenga en la votación prevista para el próximo jueves en el Pleno del Congreso, aunque también manifestó preocupación ante posibles maniobras del PSOE para bloquear esta iniciativa a través de procedimientos parlamentarios que considera poco transparentes.

De acuerdo con Europa Press, el Senado aprobó la pasada semana la reforma penal promovida por Junts, que endurece las penas para la multirreincidencia. Esta norma volvió al Congreso con modificaciones relevantes añadidas por el PP, entre ellas una enmienda que exige a los migrantes la presentación de un certificado oficial que acredite la ausencia de antecedentes penales como requisito indispensable para la obtención de la residencia en España. Esta nueva exigencia elimina la posibilidad de sustituirlo por una declaración responsable y refuerza la línea de endurecimiento de controles establecidos por el PP.

Gamarra argumentó que estas modificaciones aportan garantías de seguridad en los procesos de regularización y subrayó que la enmienda impide lo que describió como una “puerta de entrada para personas con historial delictivo”. Según consignó Europa Press, la dirigente justificó estos cambios ante el contexto del pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos en enero, que contemplaba regularizar la situación de alrededor de 500.000 migrantes; sin embargo, el PP sostiene que este número, según fuentes policiales citadas, podría ascender hasta un millón de personas.

Durante sus declaraciones, recogidas por Europa Press, la representante del PP rechazó los argumentos del PSOE, que había señalado que la enmienda equivalía a una criminalización de los migrantes. Gamarra insistió en que la medida no afecta a la inmigración en general sino que está dirigida únicamente a quienes tengan antecedentes penales, cuenten con causas judiciales pendientes o estén fichados por la policía. Según sostuvo, la intención del PP es establecer condiciones mínimas de control en las regularizaciones y acusó al PSOE de querer confundir a la opinión pública en este debate.

En declaraciones recogidas por el medio, Gamarra advirtió que, a su juicio, cualquier intento por parte del PSOE de recurrir a tácticas parlamentarias para impedir la ratificación de la enmienda “sería contrario a los valores democráticos”. Valoró como lo más lógico que la mayoría alternativa, compuesta por PP, Vox, Junts y UPN, que ya se manifestó en el Senado, se repita en el Congreso, y sostuvo que la propuesta del PP busca evitar que los procesos de regularización sirvan como cauce para el ingreso de personas con expedientes delictivos. “El que viene a trabajar es bienvenido, pero el que viene a delinquir, pues evidentemente no”, puntualizó.

En cuanto al papel de Junts, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP recordó que dicha formación ya respaldó la enmienda en la cámara alta y comunicó sus expectativas de que actúe en coherencia durante la votación definitiva. Explicó que no han existido contactos recientes con Junts, pero consideró que la postura que se mostró en el Senado debería mantenerse en el Congreso. Gamarra también manifestó inquietud acerca de posibles estrategias socialistas, como el uso del filibusterismo parlamentario, para vetar o frenar la enmienda.

Europa Press también detalló otras enmiendas incorporadas a la Ley de Multirreincidencia durante el paso del texto por el Senado, entre ellas la introducción de penas de cárcel, de tres a cinco años, para la práctica conocida como petaqueo, que se refiere al abastecimiento de combustible a redes de narcotráfico. Gamarra defendió estas modificaciones argumentando que el refuerzo de recursos materiales y humanos en la administración de justicia resulta necesario para hacer frente a un aumento de la criminalidad y para fortalecer la capacidad operativa de jueces y fiscales. A su juicio, los cambios normativos aprobados permiten que los agentes cuenten con instrumentos legales y protección adecuada.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz del PP reiteró su acusación al Gobierno de Pedro Sánchez por, según ella, promover un modelo de regularización sin los controles suficientes y defendió la insistencia de su partido en establecer “legislación firme” para quienes infringen la ley. Gamarra concluyó que el compromiso del PP se centra en proteger a la población que respeta las normas, e insistió en la necesidad de mantener criterios estrictos en procesos de regularización de migrantes, en línea con las modificaciones promovidas en el Senado.

El futuro de la Ley de Multirreincidencia y las enmiendas impulsadas por el PP y respaldadas en primera instancia por Junts y Vox quedará definido en las próximas jornadas en el Pleno del Congreso, en un contexto donde las diferencias entre los principales bloques parlamentarios, y las estrategias que puedan adoptar tanto el PSOE como el PP, mantienen en vilo el resultado final del debate.