El Senado examina este miércoles la ley de multirreincidencia de Junts antes de devolverla al Congreso con algún cambio

El rechazo por parte de la Mesa del Senado a la enmienda presentada por Coalición Canaria, que pretendía ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria, ejemplifica el impacto que las distintas formaciones han intentado ejercer durante la tramitación de la ley de multirreincidencia. El texto definitivo, que mantiene varias modificaciones, ahora regresa al Congreso para su evaluación final. Según consignó Europa Press, este miércoles el Pleno del Senado decidió sobre la reforma penal impulsada por Junts, cuyo objetivo principal es endurecer el castigo para la multirreincidencia, pero que incluye además nuevas restricciones y cambios relacionados con la regularización de migrantes y el tratamiento de delitos específicos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la proposición de ley recibió diversas enmiendas de los principales grupos políticos, entre ellos PP, Vox y PSOE, que afectaron sobre todo los criterios para la concesión de permisos de residencia a extranjeros, así como las penas para delitos relacionados con bandas organizadas o suministro ilícito de combustibles. El trámite parlamentario ha estado marcado tanto por la introducción de restricciones adicionales como por el rechazo de propuestas centradas en la expulsión de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. La Cámara Alta votó varias enmiendas pendientes, por lo que la norma necesitará una nueva votación en el Congreso de los Diputados para validar o rechazar los cambios introducidos por el Senado.

Entre las principales aportaciones aprobadas, el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, impulsó una enmienda que busca asegurar que las personas extranjeras con antecedentes policiales no se beneficien de una regularización masiva de migrantes. Según detalló Europa Press, esta enmienda modifica la Ley de Extranjería para exigir que los solicitantes de residencia no tengan antecedentes penales, ni pendientes penales relevantes, ni en España ni en los países anteriores de residencia, para delitos reconocidos por la legislación española. La Administración, de acuerdo a la nueva redacción, deberá solicitar informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evaluar si existe una amenaza eventual al orden público o la seguridad ciudadana.

Otro punto destacado consiste en la negativa automática de solicitudes de estancia o residencia si la persona solicitante cuenta con una condena firme como reincidente. Además, según la redacción incorporada, los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno que se activen por las causas contempladas en la ley no se suspenderán por el hecho de que el afectado tramite una solicitud de estancia o residencia, informó Europa Press.

Por su parte, Vox presentó una enmienda cuyo propósito es que en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, el Gobierno firme acuerdos multilaterales y bilaterales, y promueva regulaciones en el marco de la Unión Europea, para asegurar que la expulsión de delincuentes reincidentes conlleve el cumplimiento de las penas impuestas por tribunales españoles en otras jurisdicciones. Europa Press reportó que esta propuesta busca no solo la expulsión efectiva sino también la garantía de que las condenas se ejecuten fuera de territorio español.

Otra de las dimensiones de la norma abarca el endurecimiento de la respuesta penal frente al 'petaqueo', una práctica que facilita el apoyo logístico a las narcolanchas mediante el suministro, almacenamiento y traslado de combustibles líquidos. Según publicó Europa Press, PP, PNV y Junts acordaron en el Congreso una enmienda “in voce” que establece penas de prisión de entre uno y cinco años para quienes participen en este tipo de actividades, siempre que contravengan leyes u otras disposiciones generales. El Partido Popular también planteó ampliar el número de fiscales para fortalecer la respuesta judicial ante estos delitos.

El PSOE, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, impulsó una corrección al texto para añadir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico. Este apartado incrementa las penas cuando esta defraudación esté relacionada con el cultivo ‘indoor’ de marihuana, donde se detecta de forma frecuente un fraude masivo de suministro eléctrico como parte de la actividad ilícita.

Otras propuestas, como la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión de extranjeros propuesta por Vox, fueron rechazadas en comisión pero volverán a debatirse en la sesión plenaria. Europa Press también explicó que, aunque ciertas enmiendas no prosperaron, la tramitación ha evidenciado la relevancia otorgada a los mecanismos de control de antecedentes entre solicitantes de autorizaciones de residencia, el refuerzo de sanciones frente a la multirreincidencia, y la respuesta ante delitos vinculados tanto al narcotráfico como al fraude de suministros energéticos.

Este proceso legislativo, con las modificaciones ya incorporadas, seguirá ahora en el Congreso de los Diputados, que tiene la potestad de validar o rechazar las enmiendas introducidas en el Senado, paso previo para que la norma quede definitivamente aprobada y entre en vigor en el sistema legal español.