A juicio este miércoles el caso de la mujer abrasada en un 'escape room' de Cájar (Granada)

Antes de que diera inicio el juicio penal por el caso del escape room de Cájar, la actividad en el lugar quedó suspendida y la víctima, tras haber permanecido ingresada en la UCI del área de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, continúa afrontando secuelas físicas y psicológicas. Según informó Europa Press, este miércoles el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada celebra el juicio contra tres personas acusadas de imprudencia grave después de que, el 27 de junio de 2022, una participante resultara gravemente herida durante una experiencia lúdica en la vivienda conocida como "Villa Amparo", ubicada en la localidad de Cájar.

De acuerdo con Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:40. Ese día, la mujer de 42 años acudió al inmueble para participar en una escape room con modalidad “hardcore” junto a otros cinco asistentes. Durante el desarrollo del juego, los organizadores, quienes posteriormente serían investigados, guiaron a los participantes a través de varias estancias de la vivienda. Inicialmente, los seis quedaron encerrados en la cocina, desde donde empezaron a desarrollar las primeras pruebas para avanzar al resto de la dinámica.

Después de superar los primeros retos, el grupo pasó al cuarto de baño y de ahí a un pasillo que desembocaba en un salón y otra habitación. Allí, según la información publicada por Europa Press, dos de los acusados actuaron como personajes del juego e intervinieron físicamente: uno de ellos esposó a un participante y lo condujo a una especie de ataúd, que cerró con un candado, mientras que la otra acusada ordenó a la futura víctima a subirse a una silla y la ató de manos con una cuerda alrededor del cuello.

La víctima logró desatarse, aunque permaneció en la misma postura para no ser detectada. Según el relato consignado por Europa Press y el escrito de acusación fiscal, uno de los investigados le roció un líquido desde un bidón. La mujer manifestó de manera reiterada que el líquido desprendía un fuerte olor a gasolina, pero no recibió respuesta. En ese momento, otro de los acusados utilizó un encendedor. La participante intentó apagar la llama soplando en dos ocasiones, aunque en el tercer intento la llama se avivó y el fuego se prendió en su ropa.

Europa Press detalló que el acusado abandonó la escena tras prenderse el fuego y la víctima quedó sola, sin recibir auxilio inmediato. La mujer se quitó la camiseta para intentar apagar las llamas, mientras uno de sus amigos, que se encontraba encerrado en el ataúd, le gritaba que rodara por el suelo. No consiguió orientarse debido al humo hasta que uno de los acusados regresó y la roció con un extintor, sacándola del recinto y rociándola con agua; en ese momento llegaron también algunos de sus compañeros.

La acusación fiscal añade, según documentó Europa Press, que otros participantes también habían sido rociados previamente con el mismo líquido que contenía gasolina en otras áreas del recinto, con la intención aparente de prenderles fuego en el transcurso del juego. Esta circunstancia agravó los riesgos a los que estuvieron expuestos los asistentes durante la experiencia.

El fiscal subrayó en su escrito, según reportó Europa Press, que los organizadores no analizaron la composición del líquido utilizado, una mezcla de agua y gasolina, ni tomaron las medidas de seguridad necesarias. El tercer acusado, identificado como gerente y propietario de la vivienda, permitió el desarrollo de la actividad con pleno conocimiento de la falta de protocolos de prevención y la ausencia de formación en emergencias para quienes colaboraban en la dinámica.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, citado por Europa Press, la experiencia dentro de “Villa Amparo” carecía de autorización municipal y licencia de actividad. Además, el lugar no contaba con señalización de salidas de emergencia, ni luces correspondientes, mientras que puertas y ventanas permanecían bloqueadas sin posibilidad de apertura manual o automática. El único material de protección contra incendios disponible consistía en extintores exclusivamente aptos para fuegos eléctricos, sin equipos específicos para combustibles líquidos como la gasolina.

Tras el suceso y su ingreso hospitalario, la víctima se convirtió en acusación particular en el proceso judicial. Según recogió Europa Press, la acusación solicitó una pena de tres años de prisión para los implicados y una indemnización por daños y secuelas cercana a 1,9 millones de euros, de los que se descontarían 300.000 euros ya abonados por la aseguradora vinculada a la actividad. La Fiscalía, en su escrito, propuso una pena de dos años de prisión para los tres vinculados a la organización del escape room y que asuman de forma conjunta y solidaria la cuantía total de la indemnización.

Europa Press consignó que la vía judicial se abrió luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo durante la vista previa realizada meses antes. Tras lo ocurrido, la escape room de Cájar comunicó formalmente la suspensión indefinida de sus actividades mientras avanzaban las investigaciones. El caso permanece actualmente en juicio y se centra en determinar la responsabilidad penal y civil de los acusados en el incidente, que dejó graves consecuencias para la participante afectada y expuso carencias graves en materia de seguridad en este tipo de actividades recreativas.