Mónica García replica a Juan Roig que apoye medidas de protección social en vez de pedir rebaja de impuestos

Durante el acto de homenaje a las víctimas del 11M, Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, dirigió un mensaje a los empresarios instándolos a sumarse a iniciativas de protección social en lugar de solicitar reducciones de impuestos, especialmente en el contexto de la crisis internacional derivada del conflicto en Irán. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y destacado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, García centró sus palabras en la propuesta de Juan Roig, presidente de Mercadona, quien sugirió recientemente aplicar una rebaja del IVA de los alimentos al 0% ante la inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Próximo. En el evento, organizado junto con los sindicatos CC.OO. y UGT, García cuestionó que tales exigencias tributarias provengan de responsables empresariales cuyos resultados anuales reportan beneficios de 1.500 millones de euros.

Según detalló el medio, la titular de Sanidad expuso que las circunstancias actuales requieren que quienes encabezan grandes empresas asuman responsabilidades solidarias ante la sociedad, en vez de centrarse únicamente en ventajas impositivas. "Esos mismos empresarios podían ponerse del lado de la paz y podían ponerse del lado de la protección y de los escudos sociales de la ciudadanía", afirmó durante su intervención. García calificó de estratégica la decisión sobre el papel que desempeñan estas compañías, remarcando que algunos actores económicos se benefician de situaciones de inestabilidad y guerra.

Tal como consignó la fuente original, las palabras de la ministra incluyeron una crítica explícita a determinados sectores empresariales por adoptar posturas que, según su interpretación, se colocan sistemáticamente de espaldas a las necesidades de la población, como ocurrió en el pasado con el salario mínimo interprofesional. García afirmó: "A esos empresarios les esperamos también en el lado bueno de la historia", en referencia a la expectativa de que asuman un rol más constructivo en circunstancias adversas.

El acto sirvió también para que la representante del Ministerio de Sanidad dirigiera críticas hacia los partidos de derecha, a quienes responsabilizó de haber votado en contra del decreto del escudo social. Según García, este conjunto de medidas habría facilitado la contención de la escalada de precios y contribuido a proteger a la población ante determinados abusos por parte de quienes, dijo, pretenden sacar rédito de tragedias colectivas. En su alocución, subrayó la relevancia de mantener estrategias gubernamentales que prioricen la defensa de la ciudadanía ante contextos de conflicto y presión económica.

El medio puntualizó que García expresó confianza en que el Ejecutivo impulsará próximamente un nuevo escudo social centrado en el derecho a la vivienda. Manifestó su intención de promover acciones que permitan la prórroga de contratos de alquiler y eviten los desahucios como una de las primeras medidas para garantizar la protección de la sociedad. "Vamos a seguir empujando para que el gobierno haga medidas para prorrogar esos contratos de alquiler y para que no se pueda desahuciar a nadie en este país como una primera medida para proteger a los ciudadanos", insistió la ministra, reiterando el compromiso de presionar al Gobierno para ampliar las medidas existentes.

Al concluir su intervención, García valoró la postura del Ejecutivo ante el conflicto internacional de Irán, señalando que el Gobierno defendió abiertamente el lema 'No a la guerra' y, según la ministra, actuó así atendiendo al sentir mayoritario de la sociedad española. Según recopiló la fuente, la ministra subrayó que la respuesta oficial ante la escalada bélica se ha alineado con la demanda de protección social y pacifismo que atribuye a la ciudadanía.

El evento, convocado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo con el respaldo de CC.OO. y UGT, se desarrolló como espacio de memoria y reivindicación, donde la titular de Sanidad aprovechó para trasladar el debate social y económico al primer plano de la agenda política, reclamando una mayor implicación de los distintos sectores empresariales en la defensa de los intereses colectivos frente a periodos de incertidumbre.