Madrid dice garantizar el derecho al aborto y mantiene su rechazo al registro de objetores

Madrid, 10 mar (EFE).- La Comunidad de Madrid defiende que el servicio de interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizado en la región y mantiene su rechazo al registro de objetores al aborto previsto en la ley que lo regula, a pesar de la orden judicial de iniciar "de inmediato" los trámites para su creación.

Así lo ha expresado a los medios este martes el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien considera que "no hay caso" porque en esta comunidad pueden abortar "todas las mujeres que lo solicitan", dentro de los supuestos recogidos en la ley, al tiempo que se reconoce "el derecho de los médicos a la objeción de conciencia".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto y, sin entrar al fondo del asunto, ha señalado en un auto que no crear el registro de objetores supone una "clara afectación del interés público".

El TSJM especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e "implantación", en cumplimiento de la normativa vigente.

En declaraciones a los medios tras un acto con motivo del aniversario del 11M, García Martín ha confirmado que la Comunidad de Madrid va a recurrir el auto y ha esgrimido que la medida cautelar solo ordena iniciar los trámites del registro. "No quiere decir que tengamos que concluir con la creación del registro", ha apostillado.

Además, ha insistido en que, dentro de su "capacidad de autoorganización", la Comunidad de Madrid hace "compatible" el derecho de la objeción de conciencia con la prestación del aborto.

También ha acusado de "demagogia" a la ministra de Sanidad, Mónica García, por cargar contra una autonomía "que sí que hace su trabajo" mientras los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla, de gestión estatal, derivan "a hospitales privados" los abortos.

"No dejemos, insisto, que la ministra, con sus mentiras, pueda hacer pensar a los ciudadanos que en Madrid no se garantiza ese servicio", ha zanjado el portavoz.

El Ministerio de Sanidad recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso ante el requerimiento enviado por el Gobierno. EFE

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