Valladolid, 9 mar (EFE).- El policía instructor de las diligencias del 'caso de los ataúdes', que consistía en retirar féretros a los difuntos antes de su cremación para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, ha asegurado que el proceso requería una logística y no podía realizarlo una sola persona.
El instructor ha sido el primero de los 239 testigos que está previsto que declaren en el juicio que se sigue contra veintitrés personas en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se juzgan hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015.
Las acusaciones contra los procesados se centran en delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Antes de la comparecencia del policía, el magistrado presidente de la Sala ha preguntado uno a uno a los procesados si se declaraban inocentes o culpables, a lo que todos ellos han respondido que inocentes.
El instructor de las diligencias policiales ha explicado que todo arrancó en 2017, cuando acudió a los agentes un hijo del dueño de la funeraria El Salvador - el propietario ha fallecido y el hijo está encausado - para denunciar que un exempleado, Justo M. - ya fallecido también -, estaba extorsionando a su progenitor.
El supuesto extorsionador envió cartas al dueño del grupo funerario diciendo que sabía lo que había pasado durante veinte años, que no había recibido nada por ello y que quería su parte, mientras los denunciantes sostuvieron que el exempleado lo que quería tras su jubilación era que se revisaran las bases de cotización y le pagasen unos atrasos.
Tras una carta con fotos de cadáveres y partes de defunción, los agentes comunicaron al Juzgado que podía haber delitos vinculados con la sustracción de ataúdes, por lo que este emitió un oficio para averiguar lo sucedido.
En el registro del domicilio de Justo M., los policías encontraron veintiséis libretas con filiaciones de fallecidos y organización de sepelios. Al examinar las libretas, los agentes constataron más de 5.300 ocasiones en las que se habría producido el cambio de féretro y también la retirada de flores de los difuntos - para ser revendidas - en novecientos casos.
El exempleado había señalado que desde que empezó a trabajar en la empresa, había que sacar los cadáveres de las cajas para incinerarlos, ya que le dijeron que los barnices generaban mucho olor en el horno crematorio.
Según las investigaciones policiales, el supuesto extorsionador no podía haber cometido los hechos solo, ya que una sola persona no podía sacar un cadáver del féretro, ponerlo en otro soporte y en el horno crematorio del cementerio, que no tenía las mismas dimensiones que el horno instalado en el tanatorio.
Cremar el cadáver en el camposanto en lugar de en el tanatorio supone una logística, ha añadido.
Tras la declaración de más testigos programadas para esta sesión, está programado que las comparecencias continúen mañana martes. EFE


