La referencia a la condición de aforado de Félix Vicente Azón en el Tribunal Supremo ha sido el eje del argumento presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, que solicitó a la jueza responsable del caso Pegasus anular la decisión de imputar al exdirector general de la Guardia Civil en el proceso por presunto espionaje informático. De acuerdo con lo informado por Europa Press, el Ministerio Público afirmó que el cargo de Azón como magistrado le otorga inmunidad, lo que supone que el juzgado de instrucción que dictó la imputación carece de competencia objetiva en este asunto.
Según consignó Europa Press, la petición de nulidad parcial por parte del Ministerio Público alcanza al auto de imputación que la jueza dictó a principios de febrero de este año contra Azón, junto con otras personas. En esa resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona atribuyó responsabilidad a los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La investigación se centra en la supuesta utilización de los programas de espionaje Pegasus y Candiru para intervenir comunicaciones y sistemas informáticos de empresarios catalanes relacionados con el entorno independentista.
El medio Europa Press detalló que la imputación también alcanzó a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd, empresa fabricante de Pegasus, así como a sus filiales europeas con sede en Luxemburgo, Q Cyber Technologies y OSY Technologies. Asimismo, se incluyó en la causa a responsables de Saito Tech Ltd, la compañía que desarrolla el programa Candiru, otro software destinado al espionaje de dispositivos electrónicos.
La instrucción del caso analiza presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como acceso ilegal a sistemas, gracias a una querella admitida a trámite en septiembre pasado. Europa Press informó que la acción legal fue promovida por la organización internacional Sentinel Alliance, una asociación que agrupa a personas que se consideran víctimas de espionaje, en este caso concreto defendiendo los intereses de cinco empresarios catalanes afectados.
Según lo reportado por Europa Press y la Cadena Ser, fuentes de la Fiscalía confirmaron que la solicitud de nulidad parcial del auto responde a la consideración de la inmunidad de Azón, quien como magistrado del Tribunal Supremo sólo puede ser investigado por instancias superiores. El Ministerio Público argumentó que, por esa razón, el órgano instructor barcelonés no tiene potestad para adoptar medidas judiciales respecto a su persona y que la investigación, en lo relativo a Azón, debería quedar en suspenso o trasladarse a la instancia competente.
El procedimiento judicial por el llamado caso Pegasus tiene su origen en denuncias de vigilancia encubierta llevada a cabo mediante sofisticados sistemas informáticos. Europa Press señaló que la querella recogida incluye detalles acerca del uso de Pegasus y de Candiru, programas con capacidad de infiltrarse en teléfonos y ordenadores para extraer información confidencial, en perjuicio de empresarios catalanes que mantienen vínculo con el movimiento independentista.
La causa involucra tanto a altos mandos policiales como a directivos del Centro Nacional de Inteligencia y a empresarios internacionales vinculados a las firmas tecnológicas que desarrollan los programas espía. Europa Press detalló que la investigación judicial mantiene abierta la posibilidad de que existan responsabilidades tanto por la producción y puesta en circulación de los programas, como por su utilización para fines presuntamente ilícitos en territorio español.
El trámite de la querella fue admitido en septiembre de 2023, después de que Sentinel Alliance denunciara supuestas intromisiones en los sistemas informáticos de empresarios del ámbito catalán. El medio Europa Press afirmó que la instrucción trata de esclarecer la identidad de los responsables y el alcance de las intervenciones realizadas, así como las consecuencias para las víctimas afectadas.
El Ministerio Público ha solicitado a la jueza que valore la "incompetencia objetiva" del juzgado de instrucción en el caso de Félix Vicente Azón en virtud de su condición de aforado. Si la petición es aceptada, el proceso contra Azón deberá transferirse a una instancia superior, manteniéndose el resto de las imputaciones bajo la jurisdicción del mismo juzgado. Europa Press indicó que la decisión final sobre la nulidad planteada por la Fiscalía está pendiente de resolución por parte de la jueza instructora del caso.
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