Junts insiste al Gobierno que divida el escudo social y advierte de que no es un "buen mensaje" llamarles "ultraderecha"

Durante una entrevista emitida este viernes por ‘El programa de Ana Rosa’ en ‘Telecinco’ y recogida por Europa Press, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, cuestionó la postura del Gobierno español respecto a la gestión y publicación de las iniciativas sociales. Nogueras atribuyó al Ejecutivo la no publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ciertas medidas, asegurando que la causa responde a una falta de voluntad o a intereses diferentes a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, la portavoz reclamó que sea el propio Estado quien cubra los impagos de alquileres de personas vulnerables.

Según publicó Europa Press, Nogueras reiteró la exigencia de Junts de que el llamado ‘escudo social’ se apruebe desglosado, es decir, que se permita un voto independiente sobre la moratoria antidesahucios y el resto de medidas incluidas en el decreto. De acuerdo con la portavoz, este desglose permitiría apoyar aquellas propuestas con las que Junts está de acuerdo, mientras se mantiene el desacuerdo en aspectos como las ocupaciones de viviendas y los impagos, temas sobre los cuales no existe consenso, tal como afirmó Nogueras al medio.

En la misma intervención, la representante de la formación liderada por Carles Puigdemont rechazó las acusaciones que vinculan a Junts con posiciones de derecha o ultraderecha, argumentando que catalogar así a su partido representa un “mal mensaje” para la ciudadanía, especialmente porque sus divergencias no implican una coincidencia plena con otras posturas políticas. Nogueras defendió que el desacuerdo en determinadas medidas no invalida el trabajo de Junts en otros ámbitos sociales.

Junts cuestionó, asimismo, una propuesta reciente del Ministerio de Consumo que buscaba limitar los precios de algunos servicios durante situaciones de emergencia, una medida que surgió a raíz del encarecimiento de alquileres de coches y billetes de avión tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Nogueras, citada por Europa Press, consideró estas medidas rechazadas en la Cámara Baja como propias “de un Estado como el venezolano” o de Donald Trump, al interpretar que otorgan al Gobierno español una capacidad excesiva para intervenir los precios de servicios y bienes sin supervisión parlamentaria.

La portavoz insistió en que cualquier medida para intervenir precios debería someterse a debate y aprobación parlamentaria, evitando que el Gobierno tenga una “carta blanca” en este tipo de decisiones. Según recogió Europa Press, Nogueras manifestó que ese tipo de intervenciones recuerdan a políticas implementadas en escenarios internacionales con características autoritarias o intervencionistas, alejándose de los procedimientos que, a juicio de Junts, deberían regir una democracia.

Durante la entrevista también se citó la postura de Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, quien en octubre de 2025 dijo que, aunque el Gobierno pueda “ocupar todas las poltronas”, no logrará gobernar efectivamente. Nogueras recuperó esta afirmación para reforzar su crítica sobre la falta de consenso y el papel limitado del Ejecutivo español a pesar de las mayorías institucionales.

La portavoz de Junts insistió nuevamente en diferenciar las políticas sociales, que consideró aprobables si se tramitan por separado, de las referentes a la ocupación y gestión de impagos, donde persisten profundas diferencias. Según detalló Europa Press, Nogueras subrayó que el desacuerdo con el Gobierno en estos ámbitos no supone una ruptura total, sino una petición de trámites individuales para facilitar el avance de las políticas con respaldo suficiente.

El debate, según informaron las mismas fuentes, gira en torno a la metodología de aprobación de los paquetes sociales, la gestión de situaciones de emergencia y la distribución de responsabilidades, especialmente en lo que respecta al Estado como garante del acceso a la vivienda en contextos de vulnerabilidad económica. Junts mantiene la presión política sobre el Gobierno, reclamando mayor transparencia y diferenciación en el tratamiento de las políticas sociales de aquellas que, a su juicio, requieren mayor discusión parlamentaria y consenso.