Acusación del caso Saltamontes lamenta que "se echan culpa unos a otros" y no aclaran por qué se permitió la atracción

El abogado Francisco Méndez Senlle, representante de la pareja de Iván Castaño, que resultó muerto tras la rotura de uno de los brazos de la atracción conocida como Saltamontes durante las fiestas de Matamá en Vigo en agosto de 2024, ha manifestado la necesidad de esclarecer por qué se permitió el funcionamiento de esta maquinaria sin contar con la autorización municipal. Según informó el medio que ha seguido el desarrollo de este procedimiento judicial, tras la comparecencia como investigado del jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo, las partes personadas insisten en que los implicados no logran concretar los motivos que permitieron operar la atracción carente del permiso requerido.

De acuerdo con lo consignado por la prensa, Méndez Senlle se refirió fuera de la Ciudad de la Justicia de Vigo al hecho de que las personas investigadas tienden a culpabilizarse mutuamente, pero no aportan una versión clara ni coincidente sobre quién permitió la puesta en marcha del Saltamontes. El caso ha revelado la existencia de un correo electrónico polémico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local, advirtiendo que la atracción no disponía de la autorización pertinente porque no se había completado la documentación exigida. Según reportó el propio medio, dicho aviso electrónico, aportado en un informe judicial, permaneció sin ser leído al momento de recibirse.

El letrado señaló que quedan diligencias por desarrollar en el marco de la instrucción judicial y adelantó su intención de solicitar la declaración de agentes de la Policía Local en calidad de testigos, buscando esclarecer la cronología y los flujos de información entre los servicios municipales y quienes autorizaron el funcionamiento de la atracción. Méndez Senlle recalcó: “Da la sensación a veces de que unos echan las culpas a los otros y nosotros como perjudicados, mi cliente como perjudicada, quiere una explicación, necesita saber por qué una atracción que no podría funcionar se permitió que se pusiera en marcha, y no tenemos la explicación todavía”, según publicó el medio especializado en el caso.

En cuanto a la declaración del jefe policial, Méndez Senlle evitó aportar detalles específicos, pero expresó que la comparecencia habría permitido corroborar que la Policía Local realizó su labor conforme a lo esperado. El propio abogado, de acuerdo con lo recogido por la fuente informativa, representa además a una persona que se encontraba junto a la víctima al momento del accidente y que estuvo a punto de perder la vida durante el suceso.

El procedimiento judicial sigue su curso en busca de delimitar las responsabilidades tanto políticas como administrativas. El representante legal recordó que, al margen de la estrategia de defensa de los investigados, la ciudadanía requiere explicaciones sobre las causas que llevaron a que una actividad festiva terminara en tragedia, especialmente cuando la atracción no reunía los requisitos legales para operar. El abogado resaltó la obligación de los responsables públicos, como la concejal de Seguridad, también investigada en el proceso, de asumir y explicar las posibles fallas institucionales.

Según informó la prensa local, los próximos pasos en el proceso incluyen la solicitud de nuevas comparecencias y la revisión detallada de las comunicaciones internas previas al accidente. Los familiares y allegados de la víctima reclaman respuestas concretas sobre la ausencia de controles efectivos que posibilitaron la catástrofe en las celebraciones de Matamá.