El Tribunal Supremo confirma la condena del exconcejal de Jaén Manuel del Moral (PP) en el caso Matinsreg

La causa judicial analizó la vigilancia y validación de facturas municipales entre agosto de 2012 y septiembre de 2013, periodo durante el cual la empresa Matinsreg emitió cobros al Ayuntamiento de Jaén por cifras muy superiores al valor real de productos y servicios entregados, hechos que el Tribunal Supremo ha considerado acreditados. Según informó Europa Press, el Supremo ratificó en última instancia la condena a cuatro años de prisión para Manuel del Moral, exconcejal del Partido Popular, como responsable de una malversación de caudales públicos agravada por autorizar pagos sobredimensionados a Matinsreg y causar un perjuicio económico al municipio cifrado en 3,4 millones de euros.

El fallo del Tribunal Supremo, con fecha del 11 de febrero, respalda la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y rechaza el recurso de casación presentado por Del Moral, detalló Europa Press. La resolución también confirma las penas impuestas a tres de los empresarios ya condenados, quienes recurrieron la sentencia. El caso se centró en el pago de facturas infladas sobre productos químicos y mano de obra para fuentes públicas de Jaén, entre otros servicios, por parte del Ayuntamiento a la empresa Matinsreg, ubicada en Zamora.

La investigación documentó que solo entre agosto de 2012 y septiembre de 2013, Matinsreg facturó al Ayuntamiento productos químicos para fuentes por valor de 1,4 millones de euros, aunque el valor real de dichos productos ascendía únicamente a 17.423 euros. Además, la cantidad facturada por mano de obra reflejaba una cifra total de 1.392.090,66 euros (sin IVA) por supuestas 48.236 horas trabajadas, un volumen que implicaba, según el tribunal, entre 22 y 29 trabajadores cada mes, cifra mucho mayor a la plantilla real de la empresa durante ese periodo.

De acuerdo con las sentencias recogidas por Europa Press, el plan urdido entre el administrador único de Matinsreg y los empresarios condenados incluyó la presentación de facturas con conceptos y cantidades que no correspondían a la realidad, tanto en precios como en volumen de productos y horas laborales. Para poder ejecutar estos cobros fraudulentos, según las resoluciones judiciales analizadas, contaron con la cooperación de una autoridad o funcionario encargado de fiscalizar los pagos municipales, proceso donde recayó la responsabilidad principal sobre Manuel del Moral.

El caso, conocido como Matinsreg, también implicó a otras figuras del Ayuntamiento de Jaén. La Audiencia Provincial de Jaén inicialmente condenó a varios cargos municipales. Entre ellos figuraban José Enrique Fernández de Moya, entonces alcalde y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, y Miguel Ángel García Anguita, exteniente de alcalde del Partido Popular. Sin embargo, tanto Fernández de Moya como García Anguita resultaron finalmente absueltos, tras evaluar recursos presentados ante el TSJA, que consideró que no existía base probatoria suficiente para mantener la condena por malversación que les atribuía la primera sentencia.

El TSJA también absolvió al técnico municipal encargado de tramitar las facturas y que había sido condenado por la Audiencia a cuatro años de prisión. El tribunal andaluz estimó parcialmente los recursos de otros cuatro de los siete condenados iniciales, modificando las responsabilidades individuales en el caso. Solo la condena a Del Moral, quien se desempeñaba como responsable del área municipal que autorizaba y supervisaba los pagos, quedó ratificada en todas las instancias, explicó Europa Press.

La decisión del Tribunal Supremo marca el cierre del proceso judicial en esta causa. El expediente ahora regresa a la Audiencia de Jaén, que deberá ordenar la ejecución de la sentencia y la entrada en prisión del exconcejal condenado. Según publicó Europa Press, el caso pone fin a varios años de procedimientos judiciales que han determinado la participación y grado de implicación de diferentes funcionarios y autoridades locales, así como de empresarios privados, en el desvío de fondos públicos a través de facturaciones irregulares de servicios públicos.