Compromís habla de "persecución judicial" contra Oltra por el anuncio de juicio oral e insiste en que "no hay caso"

Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, señaló que durante más de dos años de investigación sobre el caso que involucra a Mónica Oltra y varios miembros de su equipo, el juez instructor concluyó que “no había ni tan siquiera un indicio de criminalidad” y sostuvo que “no hay nada”. En este contexto, los portavoces de Compromís en el Congreso, Águeda Micó y el propio Ibáñez, manifestaron su postura tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de abrir juicio oral contra la exvicepresidenta valenciana. Según publicó el medio de comunicación, ambos representantes consideran que se trata de una “persecución judicial” y afirman que no existen fundamentos que sustenten la acusación.

Micó e Ibáñez ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que expresaron su rechazo a la apertura de juicio oral, que afecta a Oltra y parte de su antiguo equipo en la Conselleria de Igualdad. El procedimiento judicial se refiere al supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por el que fuera esposo de Oltra. Según detalló el medio, los diputados sostienen que la investigación carece de pruebas que fundamenten la implicación penal de los acusados.

Durante su declaración, Águeda Micó insistió en que todos los jueces que han conocido el caso han coincidido en que “no hay caso Mónica Oltra”, en lo que describió como parte de una doble “persecución judicial y política” dirigida tanto a Oltra como a otros integrantes de Compromís. Para Micó, esta situación resulta “inasumible” dentro de un Estado de Derecho, posición compartida y reiterada durante el encuentro con la prensa, según reportó el medio de comunicación.

Ibáñez, al tomar la palabra, describió la jornada como “un día triste” y relacionó la situación actual con la necesidad de reformas en la justicia. Consideró insuficiente limitarse a la publicación de documentos históricos, como los relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y subrayó que también resulta necesario trabajar para “democratizar” la justicia. En su intervención, el diputado se refirió a la extensa investigación que implicó a 15 personas, un proceso sobre el cual enfatizó que el juez instructor descartó cualquier indicio de criminalidad, tal como reiteró el propio Ibáñez según consignó el medio.

Ambos portavoces defendieron que el caso constituye un ejemplo de “lawfare”, práctica que describieron como la utilización de mecanismos judiciales con el objetivo de apartar a figuras políticas. En palabras de Ibáñez, la estrategia estaría dirigida contra la que consideró “la mejor líder que han tenido los valencianos”, con la finalidad de continuar con políticas de privatización en los hospitales y obtener beneficios electorales por vías irregulares.

El medio señaló que desde Compromís se reafirmó la posición de que las actuaciones judiciales en este caso obedecen a motivaciones políticas, enmarcadas en una campaña dirigida a desacreditar y sancionar a líderes políticos y cargos públicos. Los diputados indicaron que la utilización de los tribunales para resolver disputas políticas representa un problema que trasciende el caso Oltra, y pidieron un debate sobre la independencia judicial y la integridad de las investigaciones.

En su intervención ante los medios, Micó reiteró que las decisiones judiciales anteriores ya habían mostrado, de forma inequívoca, la ausencia de un caso penal contra Oltra y los miembros de su Conselleria. Según informó el medio, la dirigente lamentó el desgaste al que se han visto sometidos los afectados y cuestionó la “inasumibilidad” de este tipo de procesos tanto desde una perspectiva jurídica como política.

A lo largo de su comparecencia, Ibáñez también aludió a los supuestos vínculos entre la dinámica judicial y los intereses partidistas, sosteniendo que estos procesos tienen repercusiones en la gestión de servicios públicos y en el funcionamiento de la democracia. El diputado instó a avanzar en reformas que, en su opinión, garanticen un sistema judicial independiente y blindado frente a influencias externas, tal como lo transmitió en su declaración reproducida por el medio.

Tanto Micó como Ibáñez concluyeron su comparecencia reiterando su apoyo a Mónica Oltra y a los otros investigados, reiterando que seguirán denunciando públicamente lo que califican como una ofensiva legal infundada, motivada por razones políticas y carente de pruebas contundentes, según subrayó el medio en su cobertura del caso.