
Fuentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han recordado declaraciones previas de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien aseguró que respaldaría iniciativas que favorecieran a la ciudadanía catalana. Esta referencia surge en medio de la creciente preocupación del PSOE por las consecuencias que podría acarrear un rechazo al decreto del escudo social en Cataluña, un tema que, según el partido, tiene un notable impacto sobre un amplio segmento de la población.
De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, advirtió públicamente este lunes sobre las implicaciones de una posible caída del decreto de escudo social, cuyo futuro se definirá el jueves en el Congreso de los Diputados. Mínguez ha enfatizado que el Gobierno todavía no ha conseguido asegurar todos los apoyos necesarios para garantizar la convalidación del decreto, por lo que se dirige especialmente a Junts, formación que mantiene las relaciones rotas oficialmente con los socialistas.
El decreto, en el centro del debate, contempla ayudas directas a sectores críticos de la sociedad catalana. Según consignó el medio, actualmente se encuentran bajo protección de este escudo social un total de 1.725.000 beneficiarios del bono social eléctrico y 1.600.000 personas que reciben el bono social térmico en Cataluña, lo que se traduce en apoyo económico para costear la factura de la luz y la calefacción. Si la votación del jueves concluyera con la derogación de la normativa, estas ayudas quedarían suspendidas inmediatamente.
Mínguez ha detallado que solo en Cataluña 196.000 familias dependen del bono social eléctrico, mientras que otras 178.000 reciben el bono social térmico, cifras que la portavoz destaca como el núcleo poblacional más vulnerable ante una posible retirada del escudo social. En palabras recogidas por el medio, la portavoz ha insistido en que la responsabilidad de la votación no reside en la protección de integrantes del Gobierno o del Partido Socialista, sino en garantizar que la asistencia llegue a quienes la necesitan. “No cae la bancada azul”, declaró, “sino los ciudadanos que se benefician de estas medidas”.
Según informó el medio, este jueves la Cámara Baja debate la convalidación o la derogación de cuatro reales decretos ley, que han estado vigentes desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero requieren la ratificación parlamentaria en un máximo de treinta días. Junto al escudo social, el Congreso votará también una moratoria antidesahucios, el refuerzo de ayudas para víctimas de accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y el establecimiento de límites de precios de productos y servicios en contextos de emergencia.
Las implicaciones para los autónomos también han sido subrayadas en la intervención de Mínguez, quien apuntó que el paquete de medidas incluye ayudas para 1.200.000 trabajadores por cuenta propia que tributan por el sistema de módulos. Además, la portavoz del PSOE señaló que, de no ratificarse el decreto, las comunidades autónomas dejarían de recibir 20.000 millones de euros, cantidad destinada a financiar parte de las políticas sociales contenidas en la normativa en cuestión.
En la rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, presidida por Pedro Sánchez, Mínguez reiteró que la votación sobre el escudo social trasciende el interés de los grupos o figuras parlamentarias. Recalcó que “la gente que está afuera esperando es la que sufrirá las consecuencias”, en referencia directa a las personas beneficiadas por estos programas de ayuda.
Según lo detallado por el medio, la postura oficial de Junts en el contexto actual se mantiene distante respecto al PSOE, aunque la cita a Nogueras se utiliza como argumento para buscar un posible respaldo desde las filas independentistas catalanas a fin de asegurar la continuidad de las prestaciones sociales.
El medio amplió que el paquete a votación no solo contiene el escudo social, sino que involucra decisiones con efecto directo en la protección de sectores vulnerables y en la estabilidad financiera de áreas como los accidentes ferroviarios y la regulación de precios en emergencias. La decisión parlamentaria incidirá, por tanto, en el acceso de numerosas familias catalanas a recursos básicos y en la continuidad de fondos para los gobiernos autonómicos.
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