Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

La controversia sobre la obligatoriedad de la baliza V16 en los vehículos españoles ha propiciado acusaciones de posibles beneficios económicos y redes de intereses en torno a su implantación. Según informó el medio, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la diputada del Partido Popular Ana Vázquez sugirió la existencia de vínculos con empresas favorecidas y señaló posibles conexiones con el secretario general del PSOE en Pontevedra, así como la existencia de una “red china” que habría resultado beneficiada por la medida. De acuerdo con la información publicada, Vázquez ejemplificó sus críticas exhibiendo una baliza V16 encendida en su escaño, mientras recriminó al Gobierno por no haber entregado gratuitamente el dispositivo y cuestionó los informes técnicos que respaldan su seguridad, considerando que la imposición de la medida convierte a España en el único país europeo con tal mandato.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la medida enfatizando la protección de vidas en carretera como motivo principal. Según detalló el medio, Marlaska destacó que cada año fallecen 25 personas en España al salir de sus vehículos para colocar los triángulos de emergencia tras un accidente o avería. El ministro señaló que la incorporación obligatoria de la baliza V16 responde a la intención de reducir estos fallecimientos, posicionando la medida al nivel de otras reformas en materia de seguridad vial como la implantación del carné por puntos, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y la reducción de la tasa de alcohol permitida al volante. También invitó al Partido Popular a visitar centros como el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Fundación Guttmann para constatar el impacto de los accidentes de tráfico y reiteró que la normativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, recordando que miembros del propio PP respaldaron la baliza en la Comisión de Seguridad Vial y la conectividad en la circulación.

El medio recogió la argumentación de Ana Vázquez, quien reclamó la presentación de informes independientes que justifiquen la utilidad de la V16 y criticó problemas operativos del dispositivo, como la limitada batería, la falta de visibilidad durante el día y la inconsistencia en la aplicación de multas, señalando que el Gobierno “de repente” anunció que no se sancionaría a los conductores que no portasen la baliza. Además, la diputada afirmó que la compra de balizas por parte de Correos en 2023 favoreció a una empresa concreta, retomando una línea de denuncia sobre supuestos intereses comerciales y políticos en torno a la implantación del dispositivo. “El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE”, sostuvo Vázquez, en referencia a investigaciones previas sobre corrupción vinculadas al partido en el poder.

Grande-Marlaska respondió señalando que las críticas del PP propagaban “falsedades” y subrayó los objetivos de seguridad de la medida, pidiendo a la oposición que tome “en serio la seguridad”. Reiteró que los beneficios recaen principalmente en los propios conductores y peatones, y que el Gobierno mantendrá su compromiso en materia de prevención de accidentes. El ministro desestimó las insinuaciones sobre trato de favor a empresas y recalcó que la decisión recibió el aval de los órganos competentes en la materia.

Durante la misma sesión de control en el Congreso, la diputada del PP introdujo críticas adicionales dirigidas a la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Señaló que policías y guardias civiles continúan desprotegidos, haciendo alusión a la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, Cádiz, tras ser embestidos por una narcolancha. Según consignó el medio, Vázquez responsabilizó al Ministerio del Interior por no haber revertido lo que considera una situación de abandono, sugiriendo que “los narcos campan a sus anchas”.

En respuesta, Marlaska recordó que los responsables de los asesinatos en Barbate fueron detenidos y presentados ante la justicia, e insistió en la actuación urgente y prioritaria del Gobierno desde 2018 para fortalecer la dotación de recursos, incrementar plantillas y mejorar infraestructuras, tareas que, según el ministro, quedaban pendientes de la etapa previa bajo administración del Partido Popular, a la que acusó de centrarse únicamente en protegerse frente a sus propios casos de corrupción.

Todo el intercambio en la Cámara Baja reflejó una marcada tensión política en torno a la implantación de la baliza V16, en la que se entrecruzan argumentos sobre la seguridad vial y las sospechas de corrupción o intereses empresariales asociados a la medida. Según publicó el medio, el debate se mantiene abierto en el Congreso, con la oposición reclamando transparencia y el Ejecutivo defendiendo el propósito de reducir los riesgos para los conductores y la ciudadanía ante situaciones de emergencia en carretera.