Jurado popular declara culpable de asesinato al cuidador que mató a un anciano en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Entre los elementos determinantes del caso, la decisión del jurado se apoyó en la comprobación de que el acusado utilizó fondos y bienes del fallecido después de su muerte. Según consignó el medio El País, los investigadores hallaron que el procesado realizó transferencias bancarias desde la cuenta del anciano y descubrieron una caja fuerte oculta en la vivienda con 60.000 euros, así como dinero adicional en una caja de cartón. Estas pruebas se sumaron a la acusación inicial, agravando las consecuencias legales y estableciendo un precedente para el tratamiento judicial en delitos similares.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid declaró, de forma unánime, la culpabilidad del cuidador acusado del asesinato de un hombre de 80 años a quien cuidaba en San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid. Según informó El País, el tribunal encontró al procesado responsable tanto del delito de asesinato como de apropiación indebida, rechazando la posibilidad de suspender la condena. Esta resolución jurídica marca la aplicación de la pena de prisión permanente revisable, la más alta prevista por la ley española.

La Fiscalía solicitó en este proceso la máxima condena privativa de libertad, sumando seis años de cárcel adicionales por el delito de apropiación indebida. De acuerdo con lo publicado por El País, la acusación subrayó la condición de vulnerabilidad de la víctima, debido a su avanzada edad y estado de dependencia, lo que agravó el dictamen del jurado. Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando la víctima, tras un ingreso hospitalario por deterioro médico, fue recogida en el coche del acusado. Durante el trayecto en dirección a su residencia en San Martín de Valdeiglesias, se produjo una discusión tras la que, en las proximidades de la carretera M-501 a la altura de Brunete, el acusado perpetró un ataque sorpresivo que concluyó con la muerte del anciano por asfixia.

Las conclusiones del Ministerio Público, apuntadas por El País, incluyen detalles sobre cómo el acusado ocultó el cadáver. Después del ataque, trasladó el cuerpo hasta el trastero de su vivienda, depositándolo dentro de un bidón de plástico al que añadió cal de construcción para dificultar la descomposición, y construyó una caja de madera para disimular el recipiente. Días después, planificó deshacerse definitivamente del cuerpo, trasladándolo con una carretilla y cargándolo en su vehículo.

El operativo de la Guardia Civil se activó luego de la denuncia presentada por la esposa del acusado, quien informó a las autoridades de lo ocurrido. Según detalló El País, los agentes localizaron el coche en una finca de Ávila, y tras asegurar la zona, hallaron el cadáver de Manuel López en el interior del vehículo. El acusado confesó en ese momento los hechos, reconociendo la autoría del crimen y manifestando encontrarse en estado de nerviosismo.

Durante la instrucción, los investigadores intervinieron diversos teléfonos móviles y comprobaron que las tarjetas bancarias de la víctima se usaron para ventajas económicas personales del procesado tras la muerte. El medio El País señaló que, si bien el empleo de esos medios económicos era una práctica habitual durante la vida del anciano, el uso posterior configuró el delito de apropiación indebida. La autopsia practicada determinó que el anciano falleció por lesiones graves en el cuello compatibles con asfixia.

Respecto al contexto previo, la relación laboral entre la víctima y el acusado era de larga data. La familia del cuidador acogió al anciano en su domicilio en San Martín de Valdeiglesias desde 2022, a raíz del deterioro progresivo de su salud. A partir de entonces, el anciano, que anteriormente residía en la Avenida de Abrantes en Madrid, requirió atención constante, lo que justificó la convivencia y los cuidados dispensados.

El relato de los hechos, basado en la investigación de Guardia Civil y Fiscalía según relató El País, señala que el crimen se produjo tras la salida hospitalaria de Manuel López, el doce de julio de 2023. Durante el trayecto de regreso, una disputa dentro del coche desembocó en la agresión fatal.

En la fase de defensa, el acusado admitió los hechos, alegando haber actuado bajo el llamado "síndrome del cuidador quemado". No obstante, el jurado no apreció circunstancias atenuantes que modificaran la responsabilidad penal. El portavoz del jurado destacó que la agresión se cometió sobre una persona especialmente vulnerable, lo que agravó el reproche penal.

La última fase del descubrimiento se produjo cuando, tras la confesión del acusado a su esposa, este intentó deshacerse del cuerpo desplazándolo a una finca en el paraje Zarramudo, en Sotillo de la Adrada. Sin embargo, los agentes policiales lo interceptaron antes de que pudiera ejecutar su propósito. En ese momento se le incautaron dos tarjetas bancarias de la víctima, y más tarde las pesquisas permitieron encontrar cantidades de dinero relacionadas con el patrimonio del fallecido.

Según la narración de El País, el caso se configura como uno de los ejemplos recientes de aplicación más estricta de la prisión permanente revisable en España en situaciones de asesinato que involucran la especial protección debida a mayores y dependientes. La sumatoria de hechos constatados, desde la ocultación metódica del cadáver hasta la disposición de fondos ajenos, reforzó la gravedad del dictamen y la magnitud de la condena que enfrentará el acusado tras la deliberación del jurado popular.