Alicante, 6 feb (EFE).- La fiscalía Anticorrupción de Alicante ya ha recibido las denuncias que la conselleria de valenciana de Vivienda, el ayuntamiento y los partidos PSPV-PSOE y Sumar han presentado en torno a las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan.
Los dos fiscales Anticorrupción tienen en estos momentos sobre la mesa las denuncias elevadas por esas instituciones y partidos, y en las próximas fechas las someterán a estudio para determinar el curso que se toma.
Este caso de presuntas ilegalidades en la adjudicación de parte de las 140 viviendas VPP del residencial Les Naus en La Condomina, una zona cotizada de la Playa de San Juan de Alicante, ha desencadenado una tensa situación en el ayuntamiento de la ciudad tras conocerse que una de las adjudicatarias era la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó la dimisión este lunes.
Otros beneficiarios son los dos hijos y un sobrino de la también dimisionaria directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, mientras que el tercer cargo que ha dimitido ha sido, este jueves, el jefe de gabinete de la conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido públicamente disculpas y ha jurado que ejercerá el derecho de retracto sobre las viviendas que se hayan podido adquirir ilegítimamente, con el argumento de un posible fraude de ley, sobre un escándalo que ha propiciado la creación de sendas comisiones de investigación tanto en el ayuntamiento de la ciudad como en Les Corts Valencianes. EFE


