Los tres acusados de introducir cocaína en discos de vinilo desde Perú a Almería aceptan cinco años de cárcel

La sanción económica que deberán afrontar los acusados por los hechos alcanza los 60.000 euros para cada uno, cifra que solicitó la Fiscalía y cuyo abono se sumará a la pena privativa de libertad. Según consignó el medio Europa Press, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería dictó este martes una condena firme a cinco años y un día de prisión para las tres personas que admitieron haber trasladado cerca de 900 gramos de cocaína escondidos en sobres de discos de vinilo desde Lima (Perú) hasta Roquetas de Mar (Almería).

Europa Press detalló que este acuerdo judicial llegó tras la conformidad de los procesados y ha supuesto la supresión del subtipo agravado del delito contra la salud pública, por lo que se evitó la petición inicial del Ministerio Fiscal que reclamaba ocho años de prisión. Además de la pena de cárcel, la sentencia contempla la posibilidad de que, en la fase de ejecución, se valore la expulsión del territorio español de los implicados.

Los hechos se remontan al 3 de enero del año anterior, cuando agentes de aduanas de la Guardia Civil del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández detectaron un paquete sospechoso durante sus labores de análisis de riesgo. La actuación policial consistió en analizar mediante maquinaria de rayos X un envío postal procedente de Lima y con destino a Roquetas de Mar, en el que observaron posible presencia de un doble fondo. Al inspeccionar el contenido, se hallaron 25 discos de vinilo y, dentro de las carátulas de 15 de ellos, los agentes identificaron 30 planchas de cocaína, sumando 897,5 gramos de la sustancia con una pureza del 88 por ciento. El valor estimado de la droga en el mercado ilícito ascendía a 32.988,44 euros, según los informes incluidos en el sumario y reproducidos por Europa Press.

La organización del traslado de la cocaína fue una labor coordinada entre los acusados, naturales de Colombia y Perú y residentes legales en territorio español, quienes planificaron enviar el estupefaciente utilizando un servicio de paquetería postal y orquestaron la recepción del paquete una vez en España. Europa Press explicó que, ante las evidencias reunidas, los agentes solicitaron y obtuvieron autorización judicial para efectuar una entrega vigilada con el objetivo de identificar y arrestar a los beneficiarios finales del envío. Para evitar alertar a los implicados, se sustituyó la droga incautada por otro material de similar apariencia antes de efectuar la entrega.

El dispositivo de intervención coordinado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil incluyó tanto la vigilancia de la zona próxima al domicilio de destino como la participación de un agente encubierto que asumió el papel de repartidor. Vestido con el uniforme y utilizando un camión de la propia empresa de paquetería, el agente llegó al lugar a las 11:12 horas, cuando los tres acusados ya se encontraban cerca de la dirección prevista. Dos de los individuos cumplían funciones de vigilancia, pendientes de cualquier movimiento sospechoso, mientras que el tercero se presentó para recibir personalmente el paquete.

En la secuencia relatada por Europa Press, el agente encubierto llamó al destinatario, quien respondió que se encontraba en la calle y se aproximó para firmar el albarán y recoger el envío. Nada más tener el paquete en su poder, la Guardia Civil procedió a su detención. Los otros dos involucrados trataron de huir al percatarse del arresto, pero fueron igualmente interceptados y detenidos por los agentes poco después en las cercanías.

Durante la investigación, los acusados utilizaron el teléfono de un cuarto individuo para gestionar datos vinculados al envío. Sin embargo, tras las indagaciones correspondientes, su participación en los hechos fue descartada por las autoridades, lo que llevó al sobreseimiento provisional del proceso en su contra.

El acuerdo alcanzado por las defensas de los acusados, representados por los letrados Nabil El Meknassi, Paloma Zuloaga y Miguel Martínez Molina, permitió evitar la imposición de penas más severas y allanó el camino para un fallo anticipado por parte del tribunal, que quedó firme tras la admisión de los hechos por parte de los procesados y de la fiscalía, reportó Europa Press.