Vivienda pide a los grupos no usar mentiras, falacia, demagogia y miedo con los desahucios

(Actualiza con más declaraciones)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que el Parlamento haya derogado la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y, aunque ha pedido a los grupos que voten lo que quieran, les ha reclamado que no argumenten con falacias, demagogias y miedo.

"Yo lo que les pido es que voten lo que quieran pero no argumenten con falacias, con demagogias y metiendo el miedo a la gente", ha subrayado la ministra en una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda, a petición del PP.

En este sentido, ha insistido en que quienes han votado que no a esta regulación lo hacen con argumentos que no se corresponden con la verdad y aludiendo a que se trata de "abrir las puertas de par en par a la okupación".

"Yo espero que seamos capaces de recuperar ese consenso que ha protegido a la ciudadanía en los últimos años y que lo hagamos de forma serena y sin acudir a argumentos falaces", ha recalcado la ministra.

Durante su comparecencia, ha agregado que en la protección tienen que estar todas las administraciones públicas y que tienen que ser capaces de producir vivienda con mayor ritmo para dar respuesta a estas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, a las que hay que ayudar más allá de un techo.

Asimismo, ha asegurado que todos tienen que estar a la altura del debate ya que la vivienda está en el centro de la atención social y política y hay que garantizar que sea un derecho básico y evitando que la especulación lo socave y garantizando su función social.

El objetivo del Gobierno, ha agregado, es priorizar el acceso a la vivienda digna y asequible y eso implica una visión a medio y largo plazo que trascienda los ciclos electorales para ampliar el parque público de vivienda en España.

Preguntada por el fondo de compensación que estaba en el real decreto y su aplicación, ha asegurado que cuando se puso en marcha el escudo social la gestión de los servicios sociales y de esas viviendas recaía mayoritariamente en las comunidades autónomas y que el Gobierno iba a compensar las cuantías aunque las CCAA tenían que habilitar estos anticipos.

Ha reconocido que Junts propuso mejorar este mecanismo porque no estaba siendo eficaz y se puso en marcha un aval dotado de más recursos, a "contrafactura": tienen el límite de asumir la protección y después el Ministerio asume el coste.

"Lo que necesitan estas personas es un sistema público de vivienda social que las caaa no están atendiendo", ha indicado Rodríguez. Las que más han pagado han sido Cataluña (8,1 millones), Baleares (740.000), Aragón (312.000), Madrid (250.000) y Galicia (33.000 euros), muy lejos de lo necesario, no porque no tengan recursos sino porque no han activado el procedimiento, ha lamentado.

Rodríguez ha insistido en que el control de precios funciona donde se aplica abaratando los precios sin reducir los contratos y que la ley de vivienda es buena aunque no es la panacea y que podría haberse hecho mejor si las circunstancias hubieran sido otras.

Además, ha cargado contra los portales inmobiliarios que necesitan "inflar" los datos para hacer más negocio y ha señalado que si los precios no bajan es porque el PP no quiere aplicar en sus regiones el control de precios. EFECOM

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