Covite denuncia la concesión de "un nuevo tercer grado fraudulento" al preso de ETA Asier García Justo

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha cuestionado la decisión del Gobierno Vasco de otorgar el tercer grado al preso de ETA Asier García Justo, señalando que el procedimiento empleado no ha exigido la ruptura del recluso con los entornos políticos y sociales vinculados a la izquierda abertzale, hecho que figura como requisito fundamental para el acceso a dicho régimen penitenciario. Según reportó el medio Europa Press, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, manifestó que esta concesión representa una aceleración en la aplicación de beneficios penitenciarios a miembros de ETA, sin que se observen los requisitos legales de arrepentimiento real exigidos por la legislación vigente.

De acuerdo con la denuncia de Consuelo Ordóñez recogida por Europa Press, García Justo mantiene relaciones activas con organizaciones afines a la izquierda abertzale, figuras en la última lista de Etxerat, fechada el 30 de diciembre de 2025, y ha estado presente en eventos públicos como la 'Itxas Martxa' de Plentzia, ocasión que según Covite se caracteriza por la participación de miembros de ETA no arrepentidos, tanto del entorno de EH Bildu como de grupos disidentes. En su declaración, Ordóñez subrayó que “la política penitenciaria continúa avanzando sin disimulo en la dirección marcada por la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras sin exigirles el arrepentimiento real que la legalidad vigente establece como requisito para acceder al régimen de semilibertad”.

La presidenta de Covite argumentó ante Europa Press que los recientes avances en la concesión de terceros grados a presos relacionados con ETA evidencian una tendencia creciente a normalizar estos beneficios, situación que atribuye a la “voluntad política” de facilitar la libertad de estos internos al margen del cumplimiento efectivo de la ley. Ordóñez precisó que “apenas una semana después de que se otorgaran los dos últimos, el Gobierno vasco vuelve a conceder otro más, confirmando una dinámica de aceleración que evidencia la voluntad política de normalizar privilegios penitenciarios a los presos de ETA que siguen vinculados a la izquierda abertzale, al margen del cumplimiento efectivo de la ley”.

Según señaló Covite a Europa Press, la decisión sobre García Justo se ha fundamentado en una carta privada manuscrita en la que el preso formula expresiones generales sobre el reconocimiento del daño causado, muestra empatía hacia las víctimas, declara renuncia a la violencia y manifiesta su preferencia por vías pacíficas. Además, los informes penitenciarios consideran elementos como la conducta del interno en prisión, su participación en programas de tratamiento, el apoyo familiar percibido, así como sus hábitos laborales y las perspectivas de empleo tras su liberación. Sin embargo, la organización de víctimas recalca que ninguno de estos factores puede reemplazar el requisito legal que demanda “signos inequívocos y verificables de arrepentimiento”.

En palabras de Consuelo Ordóñez recogidas por Europa Press, “el artículo 90 del Código Penal no exige textos retóricos ni reflexiones privadas, sino hechos objetivos que acrediten un arrepentimiento sincero”. Ordóñez enfatizó que el arrepentimiento auténtico debe suponer la desvinculación de entornos políticos y sociales que siguen justificando la actividad de la organización ETA y advirtió: “comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo, porque cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale”. Según la presidenta de Covite, esta condición no se presenta en el caso de Asier García Justo.

Durante la exposición pública de su postura ante Europa Press, Covite argumentó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la única institución con competencia para recurrir la concesión de terceros grados, criticando la falta de iniciativa por parte de este órgano. Según Ordóñez, “la Fiscalía ha optado por otorgar validez a escritos que carecen de cualquier credibilidad, lo cual es lamentable y devastador para las víctimas”.

Covite sostiene que las víctimas del terrorismo están afrontando las consecuencias de un proceso que, bajo su apreciación, culmina con una de las exigencias históricas de ETA y la izquierda abertzale en la fase final del conflicto. Según la organización, esto se traduce en una situación de impunidad percibida frente a los crímenes cometidos y alimenta el malestar entre los colectivos de víctimas. La dinámica descrita por Covite incluye la concesión sucesiva de terceros grados en periodos cortos de tiempo, lo que, en palabras de Consuelo Ordóñez difundidas por Europa Press, supone “una enorme prisa” por poner en libertad a los presos vinculados con ETA sin exigir el cumplimiento riguroso de los requisitos legales establecidos.

La crítica formulada por Covite también pone en el centro del debate la función de las asociaciones como Etxerat, dedicadas a la defensa de los derechos de los presos de ETA y asociadas, en este caso, a la presentación pública de los reclusos como “presos políticos”, en consonancia con la órbita de Sortu y EH Bildu. Europa Press indicó que Ordóñez puntualizó la participación de García Justo en actos como la ‘Itxas Martxa’ como otra muestra de la ausencia de arrepentimiento y de ruptura con el entorno político que justifica y respalda los crímenes cometidos por miembros de la organización.

Mediante este pronunciamiento, Covite reafirma su postura crítica frente a una política penitenciaria que a su criterio privilegia procesos de normalización para integrantes de ETA sin atender a los requerimientos que fija el marco legislativo vigente. En las declaraciones recogidas por Europa Press, la presidenta del colectivo subrayó la necesidad de cumplir estrictamente con la ley y advirtió sobre el impacto negativo que, a juicio de Covite, estas decisiones tienen en los derechos y expectativas de justicia de las víctimas del terrorismo en España.