Bernabé dice que la Generalitat no advirtió a la gente en la dana a pesar de tener información: "Todo se hizo mal"

La representante del Gobierno ha responsabilizado a la administración autonómica por fallar en la movilización rápida de recursos ante el temporal de octubre, subrayando que la falta de alerta oportuna impidió evitar consecuencias trágicas según expuso en el Senado

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La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, dirigió críticas directas a la gestión de la Generalitat durante la inundación del 29 de octubre de 2024, al asegurar que la movilización de recursos y la alerta a la ciudadanía ante el temporal se efectuaron con retraso. Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado acerca de la gestión política de la DANA, Bernabé señaló que las demoras privaron a la población de la información y los recursos necesarios para protegerse durante la emergencia, lo que a su juicio agravó las consecuencias. Según informó Europa Press, la representante gubernamental indicó que la falta de una respuesta rápida de las autoridades autonómicas impidió desplegar acciones preventivas de forma oportuna.

Durante su intervención, Bernabé especificó que la Generalitat Valenciana, entonces bajo la presidencia de Carlos Mazón, contaba con datos suficientes para advertir a la población sobre los riesgos relacionados con las lluvias intensas. Sin embargo, declaró que tanto los avisos como la activación de mecanismos de coordinación se dieron “tarde y mal”. Entre los puntos destacados, la delegada del Gobierno citó a las 230 personas que perdieron la vida en la Comunidad Valenciana durante la catástrofe. “Si les hubieran advertido, si alguien nos hubiera advertido, nos hubiéramos enterado. Y se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes”, sostuvo Bernabé según consignó Europa Press, enfatizando que la responsabilidad en tareas de Protección Civil correspondía a la administración autonómica.

Según publicó Europa Press, Bernabé relató la secuencia de eventos de la emergencia, detallando que, a las 12:20 del 29 de octubre, solicitó de manera directa a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que pidiera el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Bernabé aseguró que, si en ese momento se hubieran activado todos los procedimientos de coordinación pendientes por parte de las autoridades regionales, se habría ganado una ventaja de cinco horas en la respuesta, lo que habría resultado crucial para salvar vidas.

Otro punto que resaltó la delegada se refiere a la tardía reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), instancia central encargada de coordinar la respuesta ante emergencias, la cual fue convocada a partir de las cinco de la tarde debido a que la consellera Pradas, según indicó Bernabé, se desplazó a Carlet a las dos de la tarde para realizar actividades mediáticas. “Quien tiene la competencia es la dirección de la emergencia que es la Generalitat”, subrayó la delegada del Gobierno, y remarcó que sus acciones de alerta iniciaron desde el comienzo del episodio, en contraste con la supuesta falta de anticipación del Ejecutivo autonómico.

El medio Europa Press también detalló que Bernabé puso especial énfasis en el papel de la información meteorológica, afirmando que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proporcionó a tiempo los avisos que permitían a los responsables públicos articular las alertas requeridas para la población. La funcionaria cuestionó la ausencia de contacto por parte de responsables de la Generalitat durante el desarrollo de la emergencia. Señaló que fue ella quien se comunicó con la consellera Pradas para trasladar la disponibilidad de los recursos estatales y reiterar la conveniencia de solicitar la intervención de la UME en caso de ser necesario.

Bernabé también abordó el envío del mensaje Es Alert a los dispositivos móviles, opinando que dicho aviso no solo llegó tarde sino que además resultó erróneo. Para esta situación atribuyó responsabilidad a la presión ejercida por el jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, sobre la consellera Pradas, a quien, según relató, insistió a través de la aplicación de mensajería en que se evitara tomar medidas como el confinamiento de la población. Respecto al equipo técnico encargado de estas decisiones de emergencia, Bernabé manifestó que, si bien percibió preocupación y diligencia por parte de los profesionales involucrados, la instrucción final tardó en concretarse debido a cuestiones ajenas a los procedimientos técnicos, mencionando entre ellas discusiones superficiales sobre la conveniencia de usar determinados acentos en los mensajes institucionales.

Según consignó Europa Press, la delegada sumó otra acusación en su declaración ante el Senado, esta vez relacionada con la filtración manipulada de una llamada entre una trabajadora de la Aemet y una del servicio 112 el mismo día del temporal. Bernabé señaló que el Partido Popular habría accedido y difundido indebidamente dicha conversación, vulnerando la cadena de custodia legal y trasladando el archivo en un dispositivo portátil fuera de los cauces establecidos. El caso está siendo objeto de investigación por parte de un juzgado en Lliria, Valencia, apuntó la delegada.

A preguntas del senador Fernando Carbonell, representante de Vox, Bernabé defendió su papel en la activación del apoyo militar, indicando que solicitó formalmente el refuerzo de la UME hacia las dos de la tarde. Según su relato publicado por Europa Press, la respuesta militar se inició de inmediato: a las 15:40 del 29 de octubre partió un convoy de la UME desde Bétera, y durante el día siguiente más de 1.200 efectivos de los cinco batallones de dicha unidad, desplegados desde Madrid, Zaragoza, León, Sevilla y Valencia, ya se encontraban operativos. Además, agregó que el 30 de octubre las Fuerzas Armadas ampliaron el apoyo logístico, aportando recursos aéreos para labores de búsqueda y rescate.

En el cierre de su intervención, de acuerdo con Europa Press, Bernabé cuestionó la ausencia del expresidente autonómico Mazón ante la jueza encargada de investigar la gestión de la catástrofe, sugiriendo que con ello rehúye su responsabilidad institucional y exhortándole a comparecer ante la autoridad judicial para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.

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