Anticorrupción pide documentación del despacho clave del 'caso Montoro' y del exministro de Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado encargado de la instrucción del conocido 'caso Montoro' que se reclamen a diversas empresas investigadas las escrituras de constitución y disolución de regímenes económicos matrimoniales de varios involucrados, entre los que figura el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Al mismo tiempo, ha pedido que se recopilen las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales, así como los documentos de nombramiento de órganos de administración en sociedades relacionadas. Según consignó Europa Press, la Fiscalía pretende recabar una serie integral de documentos societarios y mercantiles, incluyendo la información más determinante sobre la composición y el funcionamiento tanto de las compañías implicadas como de quienes ostentan cargos de dirección o han participado en transacciones de las acciones o cuotas sociales.

En ese mismo escrito, tal como publicó Europa Press, el Ministerio Público ha instado al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a reclamar a la Policía Judicial toda la documentación societaria relevante —entre ellas, hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales generadas entre los años 2008 y 2025— pertenecientes a Equipo Económico, el despacho que figura como el epicentro de la presunta red de favores fiscales a empresas, especialmente del sector gasístico, durante el periodo en que Montoro desempeñó el cargo de ministro de Hacienda. Además, la petición de la Fiscalía abarca la exigencia de hojas registrales completas de hasta 13 sociedades y la recopilación de actas notariales concernientes a su constitución y la titularidad real.

La solicitud del Ministerio Público incluye la entrega de los registros mercantiles y documentación administrativa de empresas como Montoro y Asociados, lo que posibilitaría identificar de forma precisa la estructura accionarial, los movimientos realizados en los órganos de administración y las variaciones experimentadas por las sociedades desde 2008. Europa Press detalló que la investigación también ha hecho especial énfasis en las ocho compañías gasísticas objeto de la causa, cuyas hojas registrales completas se consideran claves para el progreso de la indagación judicial.

El escrito de la Fiscalía respalda que el juzgado extienda el plazo de las pesquisas seis meses adicionales, dado que, según remarca la fiscal encargada del caso, persiste "la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación", en especial las declaraciones de los investigados y la prueba testifical. El informe subraya la importancia de que se desarrollen nuevas diligencias, incluyendo aquellas sugeridas por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que, según Europa Press, se encuentra en proceso de examen de las cuentas bancarias de los investigados principales.

De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la causa permaneció bajo secreto durante siete años. El juez instructor define el caso como “sumamente complejo” y destaca que las pesquisas han revelado indicios de la existencia de una posible trama articulada en torno a Equipo Económico, consultora que Montoro cofundó. Según las apreciaciones recogidas por el juzgado e informadas por Europa Press, la presunta red habría actuado, mediante contraprestación económica, en la intervención de procesos legislativos, modificando reformas legales para ajustarlas a los intereses de sus clientes empresariales.

El sumario judicial abarca delitos presuntos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Europa Press detalla que el desarrollo de la instrucción ha hecho necesario un enfoque detallado en torno a la actividad de Equipo Económico y sus vínculos con operaciones societarias, adquisiciones, transmisiones de participaciones y estructuración de órganos directivos en las empresas relacionadas.

Dentro de las diligencias pendientes, el Ministerio Público destaca la declaración de investigados y testigos como puntos esenciales. También se han previsto actuaciones recomendadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, enfocadas en el análisis de flujos financieros y movimientos bancarios que podrían estar relacionados con la presunta manipulación de procesos legislativos a través de la consultora. Como añadió Europa Press, la prórroga del plazo de investigación permitiría agotar estas líneas de trabajo y garantizar la obtención y el estudio de los documentos solicitados por la Fiscalía.

La instrucción judicial busca esclarecer si, durante el periodo en que Montoro ocupó la cartera de Hacienda, la consultora y el entorno societario bajo investigación facilitaron tratos de favor a grandes empresas mediante la influencia en la redacción o modificación de normas fiscales, tramitando cambios legislativos afines a los intereses de los clientes implicados en la causa. Según los datos publicados por Europa Press, el avance en la investigación depende de la recopilación y revisión detallada de los archivos administrativos y societarios de todas las entidades señaladas, de las cuales muchas tienen vínculos directos con ex altos cargos y directivos pertenecientes al equipo encargado de la política fiscal durante la última década.