Sumar defiende que la nueva financiación autonómica "mejora sustancialmente la vigente" pero ve aspectos corregibles

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, puso énfasis durante una entrevista en la previsión de una aportación adicional del Estado de 21.000 millones de euros para el sistema de financiación autonómica, iniciativa que, según expresó, supone “una cifra brutal” y establece un avance relevante en la suficiencia financiera de los territorios. A partir de este dato, Díaz subrayó su respaldo a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y negó que el texto recoja la figura de un “cupo catalán”, defendiendo que el proyecto mejora sustancialmente el modelo de financiación vigente, aunque identificó aspectos susceptibles de mejora durante el debate parlamentario, según informó la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Díaz aclaró que la ordinalidad —es decir, la posición relativa de las comunidades en función de determinados criterios— solo se aplica sobre la población ajustada, donde Cataluña aparece en tercer lugar, mientras que en el capítulo de renta per cápita dicha comunidad “baja de forma significativa”. “No hay cupo catalán”, insistió la titular de Trabajo, respondiendo a las críticas lanzadas por distintos actores políticos que señalaban un trato especial a Cataluña en el borrador del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero.

La dirigente de Sumar explicó que la nueva propuesta incluye ajustes destinados a una distribución más equitativa de los recursos públicos entre comunidades autónomas, destacando el impacto en territorios gobernados por el Partido Popular. Según recogió Europa Press, Díaz mencionó que, en Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno había considerado indispensable una asignación de 4.000 millones de euros, pero el documento del Gobierno eleva esta cifra hasta los 4.800 millones. En el caso de Galicia, la previsión asciende a 585 millones, superando los 500 millones solicitados por el presidente gallego, Alfonso Rueda. Díaz recalcó que estas cifras evidencian mejoras para las comunidades bajo administración del PP, en contraste con la postura oficial del partido, al que acusó de rechazar el modelo pese a los beneficios reportados a sus territorios.

Europa Press reportó que, aunque Sumar considera que el nuevo sistema representa una mejora sustancial sobre el vigente, Díaz admitió la presencia de elementos con posible impacto negativo en comunidades como Galicia, Asturias o los archipiélagos, que se ven afectados por la reducción de una décima en el factor de dispersión. Frente a esta situación, la formación que lidera propone la introducción de una cláusula correctora que evite que estas regiones resulten desfavorecidas con la entrada en vigor del nuevo esquema financiero.

En otro plano, Europa Press consignó que la vicepresidenta hizo un llamamiento para “regenerar España” en relación con los casos de corrupción que han salpicado a distintas formaciones, incluido el PSOE. Aseveró que el bipartidismo “nunca ha querido poner límite ni fin a la corrupción” y abogó por impulsar una regeneración democrática en el país. Díaz sostuvo que “la corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, el machismo no es ni de derechas ni de izquierdas”, y calificó como un “grave error” la utilización de la corrupción en el debate político para señalar a adversarios, reclamando adoptar medidas efectivas para eliminar redes corruptas, independientemente de su origen ideológico.

La ministra de Trabajo criticó fuertemente la actitud que atribuye al Partido Popular respecto al combate a la corrupción, según recogió Europa Press. Señaló que dicha formación “habla todo el día de corrupción pero le importa realmente un rábano la corrupción”, y remarcó que, pese a sus críticas, no ha presentado propuestas concretas en esta materia. Recordó que Sumar registró una proposición de ley en el Congreso para establecer la primera agencia estatal anticorrupción, proyecto bloqueado por el rechazo de PP, Junts y otras formaciones de derecha. Según Díaz, esto revela una falta de voluntad para avanzar en la lucha institucional contra la corrupción y reafirma la necesidad de impulsar reformas más profundas en el sistema político.

Durante la entrevista, la vicepresidenta abordó la importancia de la financiación autonómica para garantizar el sostenimiento de los servicios esenciales en España, señalando que el debate sobre esta materia constituye un pilar básico de funcionamiento del Estado. De acuerdo con Europa Press, Díaz insistió en la necesidad de ajustar aquellas áreas donde la propuesta actual aún puede causar desajustes, reiterando la disposición de Sumar para trabajar en enmiendas y lograr un consenso que mejore la equidad y la suficiencia financiera entre todas las comunidades autónomas.

La dirigente también defendió la naturaleza extraordinaria de la aportación estatal prevista en la propuesta del Ministerio de Hacienda, en tanto se trata de la primera vez que el Estado inyecta una suma de 21.000 millones de euros al sistema autonómico. Europa Press destacó que Díaz insistió en reconocer este esfuerzo como un paso inédito en la historia de la financiación territorial y un elemento diferenciador respecto a esquemas anteriores.

Sobre el procedimiento parlamentario, Díaz afirmó que existen diversos puntos mejorables y reiteró la apertura de Sumar para negociar los cambios pertinentes, pensando en las regiones que podrían encontrarse perjudicadas por la aplicación de los nuevos factores de reparto, informa Europa Press. Sumar defiende la introducción de compensaciones específicas que protejan a las comunidades más vulnerables a los factores de dispersión o insularidad.

Por último, Europa Press documentó que la vicepresidenta ratificó la convicción de Sumar respecto a la necesidad de avanzar en transparencia y control de la gestión pública, conectando este principio con su propuesta de la agencia anticorrupción y la defensa de un nuevo modelo de financiación que fortalezca el Estado de bienestar y la igualdad entre todos los territorios. Díaz concluyó que la reforma en debate representa una oportunidad para mejorar el funcionamiento institucional del país y dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas, siempre con criterios de equidad y suficiencia.