
El anuncio del Ejecutivo sobre la entrega de 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas ha generado críticas desde la oposición, que sostiene que en esa cifra se incluyen impuestos que ya corresponden a las propias comunidades. Tal como detalló Europa Press tras una entrevista con el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular (PP), Juan Bravo, el dirigente señaló que no se trata de fondos extraordinarios y cuestionó la veracidad de la propuesta gubernamental.
De acuerdo con Europa Press, Bravo pidió que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie el actual modelo de financiación autonómica con todas las comunidades autónomas de manera transparente y multilateral, imitando el procedimiento seguido durante el mandato de Mariano Rajoy. En su opinión, resulta necesario trabajar con todos los territorios para definir las necesidades generales, especialmente en ámbitos como la sanidad y las políticas sociales. El representante del PP reiteró que la mesa multilateral permitiría atender desafíos como el envejecimiento poblacional, que en los próximos años podría incrementar de 10,5 a cerca de 15 millones las personas mayores en España, lo que ejercerá una presión significativa sobre los recursos autonómicos.
El dirigente popular también planteó dudas acerca de que su propuesta llegue a prosperar en el Parlamento, pues sostuvo que los socios de investidura del Gobierno ya han expresado críticas al respecto. Según publicó Europa Press, Bravo mostró su desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo ha abordado la reforma del sistema. Descartó la necesidad de analizar el contenido del modelo presentado por el Gobierno, pues –a su parecer– “sale viciado” desde el inicio debido al método de negociación empleado. Calificó como falso que estos 21.000 millones de euros constituyan una financiación extraordinaria, ya que, según sus palabras, incluyen tributos que forman parte del presupuesto habitual de las comunidades.
Durante la entrevista difundida por Europa Press, Bravo reprochó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por negociar “con un partido independentista, que no cree en España, lo que se hace con el dinero de todos”. También recordó que el Partido Socialista fue responsable de la implantación del modelo anterior en 2009. Ante este escenario, propuso volver a un proceso multilateral, centrado en la solidaridad y el análisis de variables como la inversión en servicios públicos. El representante popular subrayó la complejidad de la realidad de las comunidades autónomas, y consideró que la discusión sobre un nuevo sistema de reparto de recursos no puede resolverse con lo que describió como “un documento de ‘power point’”.
En relación con acusaciones de inacción atribuidas al anterior gobierno del PP, el actual vicesecretario recordó que durante el mandato de Mariano Rajoy, en 2017, se organizó una “conferencia de presidentes” en la que se acordó avanzar hacia un nuevo modelo de financiación. Europa Press puntualizó que, posteriormente, la propuesta fue ratificada en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera; a cada comunidad autónoma se le pidió designar un experto, conformando así un comité que completó un informe técnico a finales del mismo año. Bravo lamentó que el progreso de estos trabajos resultó interrumpido debido a la aprobación de los presupuestos y la posterior moción de censura.
El Popular destacó también, según recogió Europa Press, que durante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una de las seis propuestas de pacto planteadas a Sánchez incluía la reforma de la financiación autonómica. Agregó que en septiembre de 2024, en una reunión de presidentes autonómicos del PP, se elaboró un documento base con alternativas para el sistema de reparto. Bravo afirmó que en ninguna de esas ocasiones recibieron respuesta por parte del Ejecutivo. Según afirmó en la entrevista, “jamás nos llamaron”, lo que describe como un ejemplo de exclusión del diálogo institucional.
Europa Press aportó que el vicesecretario de Hacienda del PP sugirió que el proceso actual de reforma responde más a intereses políticos que al objetivo de solucionar los retos de las comunidades. Denunció que la prioridad del Gobierno no es modernizar el sistema sino “comprar votos para que Sánchez siga siendo presidente” y que Montero continúe como vicepresidenta. El dirigente resumió esta percepción señalando que el Ejecutivo ha permanecido inactivo durante siete años y medio y ha decidido moverse justo cuando se aproximan nuevas elecciones.
Bravo también consideró, según reportó Europa Press, que la ministra María Jesús Montero podría pretender beneficiar a Andalucía a través de la nueva propuesta de financiación. El argumento del dirigente popular parte del hecho de que Montero se postula como cabeza de lista en la región para los próximos comicios autonómicos. Esta sospecha se añade a la crítica general sobre el enfoque unilateral de las negociaciones gubernamentales, que –a juicio del PP– ha dado prioridad a acuerdos con partidos independentistas, en particular Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en lugar de forjar consensos amplios con el resto de las autonomías.
El PP sostiene que el escenario ideal para una reforma de la financiación autonómica implica la participación de todas las comunidades en las decisiones clave. Según reiteró Bravo en sus declaraciones difundidas por Europa Press, el partido aboga por un procedimiento colaborativo y transparente, que garantice la solidaridad y contemple los factores de inversión realmente necesarios para afrontar los desafíos demográficos y sociales venideros.
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