El acuerdo con Mercosur divide a los países de la UE y a los agricultores

La reciente modificación en la postura de Italia sobre el tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha generado un nuevo equilibrio entre los países comunitarios frente a este acuerdo, según informó EFECOM. Roma ha pasado de integrar el bloque opositor junto a Francia, Polonia, Hungría y Austria a inclinarse por apoyar el pacto, sumándose a la posición que ya defendían Alemania, Países Bajos, España, Finlandia, Portugal y las naciones escandinavas. Esta variación se explica por la decisión de la Comisión Europea de incluir, a partir de 2028, una inyección adicional de 45.000 millones de euros para la Política Agraria Común (PAC), elemento que ha contribuido a calmar los recelos del sector agrícola en Italia. La noticia mantiene en vilo tanto a los gobiernos nacionales como a los productores rurales, que han incrementado la presión en las calles en varios estados de la UE exigiendo que no se ratifique el acuerdo comercial.

El medio EFECOM detalló que Francia se erige al frente del grupo de países contrarios a la firma, a los que hasta hace días acompañaba Italia. París, junto a Polonia, Hungría y Austria, sostiene que el tratado podría perjudicar de manera significativa a los agricultores europeos y ha promovido la configuración de una minoría de bloqueo. Esta resistencia se evidencia tanto en la movilización social como en las exigencias técnicas para una eventual ratificación. Francia consigna que el acuerdo únicamente resultaría aceptable si Mercosur acepta la denominada cláusula de salvaguarda, que habilitaría la suspensión temporal de tarifas preferenciales para ciertos productos agrícolas si los flujos de importación experimentan aumentos relevantes. Asimismo, París reclama la aplicación estricta de cláusulas espejo, lo que significaría que sólo se permitiría la entrada al mercado europeo de aquellos productos procedentes de Mercosur que cumplan con los estándares europeos sobre fitosanitarios, empleo de antibióticos y hormonas de crecimiento. El Ejecutivo francés insiste en la necesidad de controles exhaustivos para asegurar el cumplimiento de estas normas.

De acuerdo con EFECOM, el debate no sólo enfrenta a los gobiernos: los agricultores europeos también están profundamente divididos. En Alemania, por ejemplo, a pesar del respaldo gubernamental al acuerdo, los productores rurales han protagonizado bloqueos de carreteras e incluso han dificultado el acceso a Berlín en distintas ocasiones. Xenia Brand, directora ejecutiva de la Asociación de Agricultura Campesina alemana (AbL), manifestó que “no queremos producir mercancías intercambiables para el mercado mundial, ni podemos hacerlo, sino que queremos producir calidad. Y el acuerdo con el Mercosur va precisamente en la dirección equivocada”, cita que recogió EFECOM. En este país, una resolución parlamentaria de 2019 obliga a los representantes alemanes a oponerse al tratado, y el canciller conservador Christian Stocker anunció que Alemania se abstendrá o votará en contra.

En Países Bajos, el enfoque ha evolucionado desde un rechazo categórico hacia el respaldo al acuerdo, ya que el gobierno considera que los beneficios económicos compensarían los eventuales efectos adversos sobre el sector primario. Luxemburgo también ha comunicado que votará a favor, mientras que Bélgica se muestra dividida: la región de Flandes respalda el pacto, pero en Valonia persisten las protestas y el rechazo. EFECOM informó que el gobierno búlgaro argumenta que la competencia debe darse en igualdad de condiciones y rechaza la posibilidad de que la UE exija estándares más estrictos a sus productores que a los que impone a las importaciones de terceros países.

En Croacia, las posiciones en el seno del ejecutivo mantienen una actitud prudente. El Ministerio de Agricultura, dirigido por nacionalistas, y el de Exteriores, en manos de conservadores, han hecho pública su discrepancia. El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, ha expresado apoyo a acuerdos internacionales que fortalezcan el comercio y aporten estabilidad a la región europea, sin pronunciarse de modo explícito sobre el pacto con Mercosur.

Eslovaquia considera que el acuerdo puede dinamizar su economía, caracterizada por una significativa dependencia de las exportaciones, y también valora la creación de empleo como un posible incentivo. Sin embargo, la Cámara Agrícola ha advertido de que los productos alimentarios elaborados en América Latina bajo normativas de calidad distintas podrían suponer un riesgo para los consumidores locales. La ministra de Agricultura de Eslovenia, Mateja Calusic, sostuvo que los mecanismos para proteger a los agricultores de la UE ante potenciales efectos adversos son “suficientemente sólidos”.

En el caso español, EFECOM subraya que el gobierno defiende la importancia estratégica de una zona de libre comercio entre ambos bloques, enfatizando los posibles beneficios en el actual contexto geopolítico. El sector ganadero nacional figura entre los más reticentes, mientras que rubros como el aceite de oliva y el vino esperan ventajas competitivas en el acceso al mercado sudamericano. La patronal alimentaria FIAB ha hecho público su apoyo al acuerdo, frente a la preocupación de otros segmentos productivos.

Finlandia respalda firmemente la iniciativa, argumentando que la apertura de mercados, la eliminación de aranceles y el fortalecimiento de la seguridad en el suministro beneficiarán al empleo y los negocios del país. Según datos del gobierno finlandés recogidos por EFECOM, aproximadamente 500.000 empleos en ese país dependen, directa o indirectamente, de las exportaciones facilitadas por acuerdos comerciales. Actualmente, Finlandia exporta a la región del Mercosur principalmente maquinaria industrial que soporta aranceles de hasta un 20 %.

Por su parte, el gobierno húngaro sostiene una postura de rechazo total al acuerdo, razonando que va en detrimento de las actividades agrícolas nacionales. En Polonia, el Parlamento se pronunció oficialmente contra el tratado el 26 de noviembre de 2024, en virtud de un texto promovido por el gobierno de Donald Tusk que aduce perjuicios severos sobre la producción agrícola del país, especialmente en los rubros avícola, azucarero, de la miel y de los quesos. Asociaciones locales calculan que 1,2 millones de explotaciones agropecuarias polacas podrían verse afectadas por la entrada de productos de Mercosur.

EFECOM reseñó que Portugal, junto con España, ha sido uno de los impulsores más activos del acuerdo. El ejecutivo luso argumenta que la firma permitirá aumentar exportaciones de productos como vinos, aceites de oliva y quesos, y atribuye esta postura a los lazos históricos y económicos con Brasil. A diferencia de lo registrado en otros países, en Portugal no se han producido hasta el momento protestas por parte de los agricultores.

La República Checa manifestó su apoyo a la firma, condicionándolo a la existencia de regulaciones fuertes, ágiles y eficaces que permitan aplicar cláusulas de salvaguardia bilaterales, específicamente pensadas para el segmento agrícola. El sector rural rumano expresa preocupación por el posible incremento de cargas regulatorias, considerando que el reglamento de salvaguardia propuesto por la Comisión Europea no proporciona garantías suficientes. No obstante, el presidente rumano Nicusor Dan afirmó en diciembre que el acuerdo representaría un “beneficio muy importante para Europa y también para Rumanía”.

En Grecia, mientras el gobierno favorece avanzar con el tratado, los sindicatos agrarios consideran que ello podría suponer el declive del sector agrícola, que ya encuentra dificultades para competir frente a los precios de importación. Estructuras similares se repiten en otras naciones, reflejando tensiones crecientes entre los objetivos de integración comercial y la protección de los intereses rurales.

A medida que aumentan las presiones en las calles y se intensifican los debates, el análisis de EFECOM expone que la división entre los miembros de la UE y entre los propios agricultores obedece a una convergencia de variables económicas y sociales. La preocupación por la equidad en los estándares de calidad, la competitividad y el empleo se sitúa en el centro del debate, junto a las aspiraciones de expansión hacia mercados estadounidenses y sudamericanos. Los próximos pasos sobre la ratificación del tratado dependerán del resultado de las negociaciones y del equilibrio entre las demandas de los actores sociales y las prioridades estratégicas de cada gobierno nacional.