El comandante policial Antonio José Royo Subías fue ascendido a jefe de la comisaría provincial de Lleida en diciembre, aunque contaba con una sentencia firme por acoso sexual agravado dictada casi veinte años antes, un hecho que quedó al descubierto este lunes y derivó en la decisión inmediata de su destitución. Según consignó El País, el Ministerio del Interior adoptó esta medida después de que se hiciera público que Royo Subías, de 63 años, había sido condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y posteriormente por el Tribunal Supremo, organismos que consideraron acreditado que acosó sexualmente a una agente bajo su supervisión y la agredió físicamente.
Fuentes gubernamentales citadas por medios como Segre y El País explicaron que la información sobre la condena de Royo Subías se dio a conocer tras su nombramiento como jefe policial en Lleida, circunstancia que llevó a que el Ministerio del Interior revisara su situación y resolviera apartarlo del cargo para preservar la confianza y el estándar de conducta exigible en la jefatura policial y en toda la institución. El País detalló que la sentencia judicial señalaba que el entonces inspector jefe presionó a la víctima para que accediera a mantener relaciones sexuales y le propinó un golpe en los glúteos, aprovechando la autoridad jerárquica que tenía sobre ella.
La resolución judicial, dictada en 1999, impuso a Royo Subías una multa de 1.080 euros y la obligación de compensar a la víctima con un pago adicional de 3.000 euros. Pese a contar con este antecedente penal, Segre informó que Royo Subías continuó su carrera profesional dentro de la Policía Nacional y en 2017 alcanzó el grado de comisario, lo que le permitió acceder más tarde a la jefatura en Lleida.
En relación a las razones del cese, El País recogió declaraciones de fuentes del Ministerio del Interior, quienes argumentaron que la medida buscó garantizar la ejemplaridad al frente de la comisaría provincial. La revelación de la condena fue el detonante para que se revisara el nombramiento y se tomara la decisión de destituirlo del cargo en Lleida. Este suceso ha generado interrogantes sobre los mecanismos internos de control y los criterios aplicados para el ascenso a mandos superiores dentro de la Policía Nacional.
El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de revisar los controles sobre antecedentes disciplinarios y penales de quienes acceden a puestos de responsabilidad policial. Tanto Segre como El País coincidieron en destacar la polémica en torno a cómo fue posible que Royo Subías permaneciera durante años en la Policía Nacional y llegara a la cúspide del mando en una comisaría provincial a pesar de su historial judicial.
El nombramiento y posterior cese del comisario ha llevado a cuestionar la transparencia y el rigor en los procedimientos internos de promoción y selección de altos cargos policiales. Fuentes consultadas por El País subrayaron que la condena sólo se tuvo en cuenta después de que la información fuera divulgada públicamente, lo que activó la respuesta de Interior para remover a Royo Subías.
La situación ha reavivado la discusión sobre el seguimiento de los antecedentes judiciales en la Administración pública, en especial aquellos referidos a delitos de acoso por parte de funcionarios que desempeñan roles de mando. Este episodio ha motivado demandas para revisar y reforzar los protocolos internos que rigen el acceso a posiciones de alta responsabilidad, según recogieron Segre y El País en sus coberturas.
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