Durante su intervención en el programa ‘La hora de la 1’ de TVE, Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, expresó su preocupación por el impacto de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en la percepción pública sobre la justicia española. Hernández señaló que decisiones de esta magnitud contribuyen a disminuir la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y subrayó el riesgo de que la credibilidad del sistema se vea afectada en un momento en que la seguridad en el funcionamiento democrático resulta especialmente delicada. Según informó Europa Press, la dirigente afirmó que la resolución del Tribunal Supremo incrementa las dudas sobre la imparcialidad de la justicia y ejemplifica un proceso de politización ascendente dentro del ámbito judicial.
El medio Europa Press detalló que Hernández considera que el proceso judicial contra García Ortiz sigue activo y existen vías legales para revertir la condena emitida por el Tribunal Supremo, lo cual abre la posibilidad de que el futuro judicial del exfiscal aún no esté definitivamente cerrado. Hernández manifestó su confianza en que la evolución del caso permita esclarecer los hechos y demostrar, si corresponde, la inocencia de García Ortiz, quien fue condenado por su supuesta implicación en la filtración de datos vinculados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Hernández calificó la sentencia como un “auto de fe”, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, insistiendo en que no existen pruebas determinantes en el proceso. En palabras de la dirigente, “la condena se sustenta en meros indicios”, un argumento que, en opinión de Sumar, resulta insuficiente para satisfacer las garantías jurídicas en un Estado social y democrático de derecho. Europa Press consignó que la coordinadora general del movimiento consideró incompatible esta situación con los principios básicos del sistema jurídico español, poniendo el foco en la necesidad de pruebas sólidas y concluyentes en procesos de esta relevancia.
Sumar mantiene una visión crítica hacia la naturaleza y fundamento de la sentencia, al percibir motivaciones políticas en el origen y desarrollo del proceso judicial, según publicó Europa Press. Hernández afirmó que los elementos políticos han guiado la resolución, sacando a relucir el papel que el contexto nacional habría jugado en la gestión de la investigación y el desenlace del caso.
Durante la conversación televisiva, recogida por Europa Press, la portavoz de Sumar también mencionó la respuesta del Gobierno tras la dimisión de García Ortiz, valorando la celeridad de la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Hernández consideró relevante que el Ejecutivo hubiera actuado con prontitud ante el escenario de inestabilidad provocado tanto por la decisión judicial como por la consecuente vacante al frente de la Fiscalía.
Al referirse al fondo del asunto, la dirigente de Sumar indicó que la resolución judicial constituye una muestra de instrumentalización política en la administración de justicia, una tendencia que, en su opinión, va en aumento y afecta la percepción pública sobre la independencia y objetividad de los tribunales. Según Europa Press, Hernández anuncia nuevos capítulos en la discusión sobre el caso García Ortiz, anticipando la apertura de instancias de debate legal y social. “La verdad siempre se abre camino” y “más tarde o más temprano se demostrará la inocencia del fiscal general del Estado”, expresó Hernández, de acuerdo con Europa Press.
El posicionamiento de Sumar frente a este episodio refleja una preocupación más amplia sobre el estado de las instituciones democráticas en España y sobre las consecuencias que puede acarrear en el tejido institucional la percepción de politización judicial, destacó Europa Press. La formación subraya en sus declaraciones la importancia de garantizar la independencia y la fortaleza del sistema judicial como pilar del estado de derecho y de la salud democrática del país. El debate generado por la condena de García Ortiz, reportó Europa Press, expone tensiones no solo jurídicas, sino también políticas y sociales, en torno a los límites y las interrelaciones entre justicia, representación política y confianza pública.
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