Exvicerrector de la UCM se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez, que fue avalada jurídicamente

La comisión del Senado encargada de investigar el denominado ‘caso Koldo’ analizó en detalle los procedimientos excepcionales aplicados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para la designación de directores de cátedra, centrándose en la reciente designación de Begoña Gómez y contando con el testimonio del exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio. Según consignó el medio que cubrió la comparecencia, Doadrio indicó que los servicios jurídicos de la UCM revisaron y avalaron la legalidad de toda la tramitación relacionada con la cátedra que lidera Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, validando expresamente la ausencia de infracción a la normativa interna vigente.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, Doadrio expuso ante los senadores que su intervención en la tramitación respondió únicamente a las funciones establecidas por su puesto como vicerrector. Negó de forma categórica haber recibido instrucciones personales, recomendaciones políticas o presiones externas orientadas a beneficiar a Gómez en el proceso. El exvicerrector explicó: “Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez”, una afirmación recogida por el medio presente en la sesión parlamentaria, con la que subrayó su posición administrativa, centrada en la verificación y gestión documental.

Durante la comparecencia, Doadrio señaló que la iniciativa para la creación de la cátedra ligada a Gómez se originó a partir del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y no obedeció a ninguna petición externa. El medio que siguió la sesión especificó que Doadrio describió la existencia de mecanismos estatutarios que permiten, en circunstancias excepcionales, nombrar a directores de cátedra ajenos a la plantilla universitaria e incluso sin titulación universitaria, siempre que se cumpla la justificación debida y contando con el aval jurídico de los servicios legales universitarios.

El análisis de los procedimientos internos y sus excepciones centró parte relevante del encuentro, ya que la normativa de la UCM contempla que el rector puede autorizar estos nombramientos bajo situaciones específicas, siempre supervisadas legalmente. Según lo transmitido por el medio, la intervención de Doadrio ante la senadora María del Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), reforzó la responsabilidad administrativa ordinaria como el límite de su implicación, puntualizando que su papel consistió en tramitar, firmar y dar salida a los documentos y expedientes que ya habían sido revisados y aprobados por la asesoría jurídica.

El medio de comunicación que siguió el desarrollo de la audiencia pública reflejó que la comisión solicitó nuevos detalles sobre la excepcionalidad aplicada en el caso, así como sobre su encaje en las prácticas y los estatutos de la universidad. En sus respuestas, Doadrio reiteró que la ausencia de título universitario no constituye un obstáculo absoluto, siempre que la autoridad académica máxima en la UCM, es decir, el rector, declare la existencia de causas excepcionales y que la asesoría legal valide la documentación. El papel de los servicios jurídicos resultó esencial, ya que los documentos solo avanzaban en el trámite si eran avalados previamente por estos asesores.

El seguimiento mediático y parlamentario de la designación de Gómez se produce en un contexto de intenso escrutinio público y político sobre los sistemas de contratación, las vías de nombramiento por la vía extraordinaria y el control de la transparencia en el ámbito académico español. Según reportó el medio, la comisión del Senado insiste en centrar la investigación en los procedimientos aplicados por altos directivos, especialmente en aquellos procesos que se desarrollan fuera de las rutas habituales establecidas por concurso o normativa general.

La claridad aportada por Doadrio, quien puso de manifiesto que todos los pasos previos fueron ejecutados según los requerimientos internos y bajo vigilancia jurídica, aparece en la documentación que la comisión parlamentaria seguirá analizando. El medio destacó que en el testimonio quedó sentado que la autorización de estas excepciones recae completamente en la potestad del rector, quien también asume la responsabilidad de justificar y documentar la idoneidad de los candidatos designados.

El antiguo vicerrector, según registró el medio, puntualizó la inexistencia de presiones o intervenciones externas orientadas a acelerar o favorecer el proceso, manteniendo su versión sobre la estricta sujeción a los cauces administrativos. También especificó que su tarea no abarcó la decisión de crear la cátedra ni la elección de la persona a ocuparla, sino que consistió exclusivamente en las funciones propias de verificación, tramitación y firma bajo control legal previo.

La sesión parlamentaria recogió la relevancia que la comisión del Senado atribuye al estudio de los procedimientos universitarios, no solo para el caso de Begoña Gómez, sino en relación a la transparencia y el marco de actuación de los altos cargos docentes y administrativos en la Complutense. El medio resaltó que este caso coincide con la creciente atención pública en torno a la transparencia institucional y a los mecanismos para encajar casos singulares dentro de la legalidad estatutaria universitaria, cuestión que el desarrollo de la investigación sigue monitoreando.