El TS cita este jueves a los peritos de los informes de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre audios de Koldo

Los expertos reunidos ante el Tribunal Supremo insistieron en que la conservación del formato original y la trazabilidad de cada grabación sometida a valoración judicial resultan determinantes a la hora de considerar su autenticidad y fiabilidad. Según detalló Europa Press, la exigencia de registrar de manera minuciosa todas las etapas desde la obtención hasta el análisis de las pruebas electrónicas ocupa un lugar central, pues la mínima anomalía documental podría motivar la nulidad de evidencias clave y condicionar el resultado de los procesos penales. El debate tuvo como telón de fondo los informes técnicos sobre grabaciones de audio relevantes en la causa de Koldo García, presentados tanto por especialistas de la Guardia Civil como por peritos vinculados a la defensa de Santos Cerdán, en una sesión pública celebrada el jueves.

De acuerdo con el reporte publicado por Europa Press, los peritos explicaron que la fragilidad de la cadena de custodia se ve agravada por la falta de una regulación uniforme y por la multiplicidad de formatos, dispositivos y plataformas implicadas en la generación y transferencia de datos. Esta variedad tecnológica, mencionaron los expertos, incrementa la probabilidad de errores, pérdidas o manipulaciones no consentidas, lo cual pone en tela de juicio el valor probatorio de los registros digitales presentados en sede judicial. Durante la audiencia, los especialistas destacaron también que la transferencia, duplicación o eliminación de archivos puede realizarse con gran facilidad en el entorno digital; por lo tanto, cualquier defecto en la documentación o una mera omisión suele bastar para comprometer la validez de la prueba.

En el análisis de la gestión de evidencias digitales, la transparencia del proceso y la existencia de una descripción exhaustiva de cada operación practicada sobre el archivo fueron señaladas como condiciones esenciales para garantizar derechos fundamentales y facilitar la labor de los jueces, según consignó Europa Press. Abogados y técnicos advirtieron que la insuficiencia de registros claros o la inadecuación de los procedimientos podría permitir a las partes impugnar la fiabilidad de grabaciones, especialmente en procesos prolongados o de alta complejidad.

El medio Europa Press recogió declaraciones de peritos que propusieron la creación de protocolos que acompañen cada grabación con informes detallados. Estos informes deberían especificar los parámetros técnicos del archivo, los dispositivos y herramientas utilizados, así como las circunstancias bajo las cuales se produjo la grabación. Según los especialistas, estos protocolos garantizarían la autenticidad del material y posibilitarían una revisión independiente por parte de los jueces, elementos que consideran esenciales para que la prueba pueda admitirse y valorarse adecuadamente.

Durante la sesión, se presentaron posturas encontradas sobre las capacidades actuales de la tecnología forense para detectar alteraciones en los archivos digitales. Una parte de los peritos afirmó que las herramientas informáticas permiten identificar manipulaciones, pero puntualizó que, sin contar con el archivo fuente y una documentación completa de toda la cadena de custodia, estos análisis pierden fuerza probatoria. Europa Press subrayó la importancia, señalada por varios expertos, de manejar los registros técnicos con rigor en cada una de las fases, ya que su coherencia garantiza la confiabilidad del proceso y protege el derecho de defensa.

La defensa de Santos Cerdán solicitó ante el Tribunal Supremo que solo se admitan como prueba aquellas grabaciones que cuenten con el archivo original y un informe pormenorizado sobre los métodos y procedimientos utilizados. Como indicó Europa Press, los abogados fundamentaron su pedido en que cualquier irregularidad en la trazabilidad podría derivar en la exclusión del material, lo cual tendría implicaciones directas en el desarrollo y la resolución de los litigios.

Otros expertos participantes en la audiencia, según relató Europa Press, subrayaron la necesidad de incorporar sistemas avanzados de seguridad informática, como el cifrado o el uso de plataformas especializadas como Pegasus, para salvaguardar la confidencialidad y el acceso lícito a los archivos digitales. No obstante, advirtieron que la eficacia de estas soluciones depende enteramente de la manera en que los operadores jurídicos las implementen y supervisen en la práctica.

Esta jornada técnica puso en evidencia la dificultad que representa la diversidad de formatos y la ausencia de procedimientos estandarizados a la hora de validar judicialmente las pruebas electrónicas. Según la información recabada por Europa Press, los participantes coincidieron en que cualquier fallo técnico o incompatibilidad entre equipos puede imposibilitar la utilización de grabaciones digitales como sustento de una estrategia legal, ya sea de la acusación o de la defensa.

Al término de la sesión, varios peritos abogaron por una actualización profunda de los protocolos de resguardo y tratamiento de material electrónico en el ámbito judicial. Europa Press reportó que estos especialistas plantearon la necesidad de implantar auditorías sistemáticas que documenten el origen, cada modificación y el estado final del archivo digital presentado. De este modo, aseguraron, jueces, fiscales y abogados dispondrían de herramientas fiables para trazar la historia completa de la evidencia.

La coordinación constante entre los operadores de justicia y los técnicos especializados fue otro de los puntos destacados por los consultados por Europa Press, quienes la situaron como requisito indispensable para preservar la integridad de los archivos presentados ante los tribunales. Sostuvieron que obstáculos formales, carencias procedimentales o dificultades técnicas podrían dar lugar, sin justificación suficiente, a demoras o a la exclusión de pruebas de relevancia para el proceso penal.

Finalmente, el medio Europa Press relató que la opinión mayoritaria entre los profesionales convocados apunta a la urgente necesidad de adaptar las normas legales y los sistemas tecnológicos aplicados en la administración de justicia a las demandas actuales del entorno digital. A juicio de los participantes, la capacidad de los procedimientos judiciales para salvaguardar la integridad y la autenticidad de los archivos digitales determina en gran medida la protección efectiva de los derechos procesales y la fiabilidad de las decisiones adoptadas por los tribunales.