El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el 26 de noviembre un informe en el que afirmó que Teresa Peramato "reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado", decisión adoptada de manera rápida durante un pleno que, según fuentes citadas por Europa Press, apenas alcanzó los quince minutos de duración. El dictamen recibió respaldo tanto de vocales progresistas como conservadores y se constituye como un paso formal previo al proceso parlamentario actualmente en marcha. Tras la reciente renuncia de Álvaro García Ortiz, el Congreso de los Diputados ha iniciado el trámite para examinar la idoneidad de Peramato, quien aspira a convertirse en la próxima persona al frente de la Fiscalía General, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.
El mandato de la fiscal general del Estado tiene una duración máxima de cuatro años, tal como lo establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; solo puede interrumpirse por causas como renuncia voluntaria, incapacidad, incumplimiento grave de las obligaciones o por la finalización del mandato del Gobierno que promovió la designación, según informó Europa Press. En esta ocasión, la Comisión de Justicia del Congreso llevará a cabo la audiencia preceptiva dispuesta en el artículo 29 del Estatuto Orgánico, la cual está programada para este jueves. Si Peramato resulta propuesta para el cargo, deberá presentar su juramento o promesa ante el Rey y tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. La sesión en el Congreso funcionará como espacio para que la candidata exponga su trayectoria profesional y responda a las preguntas y valoraciones de los portavoces parlamentarios.
El examen parlamentario es obligatorio, aunque la ley indica que no resulta vinculante para el Ejecutivo. Finalizado el trámite, el Gobierno tiene la potestad para elevar la propuesta formal al jefe del Estado, quien debe autorizar la designación antes de su definitiva toma de posesión. Según lo señalado por Europa Press, la normativa vigente establece que el cargo no puede renovarse, a excepción de los casos en que la permanencia inicial haya sido inferior a dos años, y estipula incompatibilidades específicas y requisitos estrictos para los candidatos.
Teresa Peramato, con treinta y cinco años de experiencia en la carrera fiscal, centra su perfil profesional en la lucha contra la violencia de género y cumple con las exigencias legales para el cargo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal requiere que la persona propuesta sea jurista de nacionalidad española “de reconocido prestigio” y que haya ejercido como profesional durante al menos quince años. Además, la normativa específicamente excluye a quienes hayan desempeñado funciones de ministra, secretaria de Estado o consejera autonómica durante los cinco años anteriores, así como a quienes hayan presidido corporaciones locales o integrado las Cortes Generales, el Parlamento Europeo o asambleas legislativas autonómicas en ese mismo periodo. Europa Press detalló que Peramato no incurre en ninguna de estas incompatibilidades.
La incorporación de estas cláusulas responde a la reforma pactada en junio de 2024 entre PSOE y Partido Popular para renovar el CGPJ, acuerdo que surgió tras controversias previas por el caso de Dolores Delgado, quien fue nombrada fiscal general inmediatamente después de ejercer como titular del Ministerio de Justicia. A partir de ese precedente, la ley incorporó restricciones para quienes hayan ejercido altos cargos ejecutivos en fechas recientes.
El procedimiento que ahora afronta Peramato se da tras la condena a dos años de inhabilitación dictada contra Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según Europa Press, la Comisión de Justicia citará a Peramato para que explique su currículo y defienda sus motivos para liderar el Ministerio Público, ante la intervención de representantes de todos los grupos políticos, quienes plantearán preguntas y expondrán sus criterios antes de emitir su valoración.
En la ronda parlamentaria, la oposición ha mostrado escepticismo respecto a la candidatura. Europa Press indicó que el Partido Popular, a través de su secretario general, Miguel Tellado, expresó que el asunto central es “saber si Pedro Sánchez ha decidido renunciar a seguir politizando la Fiscalía General del Estado”. Desde Vox, Santiago Abascal manifestó públicamente su desconfianza hacia Peramato, afirmando que la ausencia de cargos públicos previos no constituye garantía suficiente.
La última sesión de este tipo se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2023, cuando el Congreso debatió la reelección de García Ortiz. Esa comparecencia estuvo marcada por las tensiones surgidas de un informe negativo del CGPJ y de un fallo del Tribunal Supremo sobre desviación de poder en la promoción de Dolores Delgado. En aquella ocasión, partidos como PP y Vox se pronunciaron en contra de la candidatura, mientras PSOE, Sumar y PNV ofrecieron su respaldo.
De aprobarse la propuesta tras la audiencia de este jueves, el Gobierno enviará formalmente la candidatura de Peramato al jefe del Estado, quien la investirá después de que preste el juramento o promesa. Posteriormente, la nueva fiscal general tomará posesión frente a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Supremo, y estrenará un mandato de cuatro años a menos que medie alguna de las causas legales de cese.
Europa Press subrayó que Teresa Peramato se convertiría en la cuarta persona designada para comandar la Fiscalía General bajo los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, sumándose a la nómina que completan María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. La decisión parlamentaria será remitida como valoración, pero corresponde exclusivamente al Ejecutivo formular la propuesta definitiva, lo que enfatiza el carácter consultivo—y no limitante—del rol del Congreso y el CGPJ en este proceso.
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