La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha acusado en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) al Gobierno de haber convertido la tasa de basuras en un "caos", siendo ésta injusta y "discriminatoria para los ciudadanos".
En un comunicado, la FEMP también ha denunciado que el Ejecutivo ha implantado la tasa de residuos "sin contar con los ayuntamientos" y que no "está obligada por la Unión Europea".
Esa discriminación, según la FEMP, se prolonga pues hay ayuntamientos que pueden compensar el impacto de la tasa mientras que otros "no tienen esa posibilidad". De esta manera, las diferencias de aplicación y las quejas incrementan.
Por otro lado, la FEMP ha denunciado que haya diálogo con las comunidades y se dejen "al margen" a los ayuntamientos "en asuntos esenciales", por lo que ha exigido una reunión ordinaria de la CNAL para "abordar los déficits del sistema de financiación local" que, sostiene la federación, no se revisa desde 2002.
LA FEDERACIÓN PIDE PRESUPUESTOS
La presidenta ha afeado que el retraso de esta reunión distorsiona las cuentas de muchos ayuntamientos a la hora de aprobar sus presupuestos. Por ello, ha urgido a tramitar un real decreto ley que normalice las cuantías incluso si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, evitando así situaciones como las ocurridas en 2025.
Ha recordado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, haber solicitado la reunión en otras diez ocasiones sin haber recibido respuesta y le ha reprochado que se presuma de desacoplar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los Presupuestos Generales del Estado, recordando que "otros gobiernos anteriores siempre sacaban adelante los presupuestos".
En materia fiscal, ha señalado que "lo fácil es subir los impuestos", mientras que los ayuntamientos deben velar por el movimiento de la economía local, que impulsa el crecimiento de las ciudades y beneficia directamente a los ciudadanos.
García-Pelayo ha recordado que la no prórroga en 2025 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha impedido que los ayuntamientos destinen su superávit a inversiones financieramente sostenibles, obligándolos a amortizar deuda incluso cuando ya no existía.
Ha incidido en los más de 23.000 millones de euros de remanente municipal que triplican los recursos previstos en el futuro Plan Estatal de Vivienda. Estos "permitirían dar una respuesta más eficaz a la emergencia habitacional", ha asegurado.
Finalmente, ha reiterado la petición de ampliar el periodo de vigencia y gestión de los fondos europeos, "dada la dificultad de muchos ayuntamientos para completar los trámites en los plazos actuales".
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