El Gobierno canario insiste al Estado que incluya las demandas del archipiélago en el Fondo Social para el Clima

El planteamiento del Gobierno de Canarias acerca de la “vulnerabilidad energética” no se centra en los mismos problemas que enfrentan otras regiones, sino que destaca factores propios, como el uso intensivo de combustibles fósiles en el transporte y la ineficiencia energética de los edificios. Estas características, inscritas en un informe técnico elaborado hace meses y enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, forman parte de la petición del Ejecutivo autonómico para que el Fondo Social para el Clima se adapte a las especificidades insulares. Según informó la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la solicitud persigue que las políticas climáticas nacionales y europeas reflejen la realidad diferenciada del archipiélago y de los territorios ultraperiféricos.

De acuerdo con la información difundida por el propio Gobierno canario este miércoles, el Ministerio aún no ha emitido una respuesta formal a las propuestas presentadas por Canarias. Entre los planteamientos entregados, la viceconsejera de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Julieta Schallenberg, subrayó que Canarias ya cumplió con aportar el material técnico requerido y defendió la necesidad de medidas específicas para una transición energética “justa”, dirigida a las Islas. Tal como publicó el comunicado oficial, Schallenberg indicó que buscan evitar que el Pacto Social por el Clima excluya las realidades del archipiélago, reclamando inversiones adaptadas a sus circunstancias.

El informe remitido por el Ejecutivo autonómico expone que el actual modelo del Fondo Social para el Clima —principalmente orientado a mitigar la pobreza energética vinculada al acceso a la calefacción y la climatización— no es aplicable en la misma magnitud en las Islas Canarias. De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno canario, la vulnerabilidad consiste principalmente en la carencia de alternativas energéticas, la necesidad de rehabilitar edificios ineficientes y la marcada dependencia del transporte basado en fuentes fósiles.

El fondo sobre el que se debate cuenta con una dotación de 65.000 millones de euros a escala europea. Sin embargo, la posición de Canarias, según reportó el propio ejecutivo regional, es que estos recursos, antes de ser distribuidos, deben considerar las particularidades de territorios insulares y ultraperiféricos, para evitar decisiones que contribuyan a agrandar las desigualdades territoriales ya existentes o a invisibilizar los desafíos locales.

Las propuestas concretas de Canarias apuntan hacia la rehabilitación energética en viviendas y pequeñas y medianas empresas, así como al respaldo a sectores esenciales como el turismo y la agroindustria, fundamentales para la economía local. Además, el documento entregado a las autoridades estatales solicita la aplicación de criterios de flexibilidad cuando se utilicen mecanismos regulados por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS II), permitiendo ajustar las políticas a la situación socioeconómica y a la lejanía geográfica del archipiélago.

Durante la presentación de las propuestas, Schallenberg expresó: “Esperamos que el Ministerio incorpore nuestras sugerencias, porque entendemos que estas propuestas son esenciales para evitar que las nuevas políticas climáticas profundicen en las desigualdades territoriales. Canarias no puede ser tratada como una región continental más”. Esta declaración recogida por el Gobierno de Canarias pone énfasis en la necesidad de que no se impongan medidas universales desconectadas de las condiciones insulares.

El Presidente canario también remarcó, según indicó el comunicado de prensa, un enfoque de diálogo y colaboración con el Ministerio. La administración autonómica sostiene que, en torno a la lucha contra el cambio climático, se requiere una labor de cogobernanza y respeto por las características de cada territorio, por lo que solicitó “un diálogo real, con documentación, calendario y mecanismos de seguimiento” para asegurar una coordinación efectiva. Desde la Consejería se recalca que el objetivo no consiste en confrontar, sino en construir soluciones viables y equitativas para todo el territorio nacional, y que la eficacia de las políticas climáticas depende en buena medida de la atención otorgada a la diversidad territorial.